Una discusión entre vecinos puede comenzar por un problema aparentemente menor y terminar provocando graves consecuencias económicas cuando llega a los tribunales. Es lo que le ha pasado a una pensionista de 75 años en Reino Unido, que perdió una casa valorada en unos 671.500 euros, después de enfrentarse con su vecina por la forma en la que aparcaba su Ford Focus en una entrada compartida.
Según recogen desde Independent, la jubilada se mudó a la casa en el año 1998, cuando la vecina con la que tuvo el conflicto ya vivía en el barrio. Sus casas eran colindantes y, aunque al principio tuvieron una buena relación, surgió entre ellas un problema cuando la otra mujer comenzó a quejarse porque su coche bloqueaba el camino compartido por el que ella y su familia accedían al garaje situado en la parte trasera de su propiedad.
La disputa llegó a los tribunales, donde la condenaron a pagar, en el año 2020, 35.565 euros, por daños y perjuicios, y 31.532 euros, por las costas judiciales.
La deuda acumuló intereses y la vecina reclamó que vendiera la casa para pagarle
Como la pensionista no pagó las cantidades fijadas, con el paso del tiempo esta fue acumulando intereses y otros gastos hasta hacer un total de 81.750 euros, que quedaron vinculados a la vivienda.
En diciembre de 2021, los abogados de su vecina consiguieron una orden para vender la casa y recuperar el dinero pendiente. Como la deuda continuó sin saldarse, en abril de 2023, la mujer fue desalojada. Sus pertenencias fueron retiradas y trasladadas a un almacén cuyos gastos también debía asumir.
Desde entonces, vive de alquiler mientras su casa sigue todavía sin vender.
Intentó recuperar la casa
A los tres años de ser desalojada, la mujer no perdía la esperanza y acudió a la justicia para intentar recuperar su casa, alegando que la orden de desalojo no era válida, y reclamando a su vecina 291.960 euros por las pérdidas sufridas por los gastos de alquiler, almacén y una depreciación de la casa.
La justicia rechazó sus argumentos dando por válida la orden previa de vender la casa, ya que el juzgado estaba autorizado para ello debido a que la ley aplicable permitía hacerlo con deudas de hasta 408.750 euros.
