La Unión Europea lleva ya tiempo repitiendo que quiere depender menos de China, apoyar la fabricación entre los países miembros y proteger a sus propias empresas de la dura competencia que tienen con las grandes compañías que vienen de fuera de Europa. Pero esta idea no se está cumpliendo del todo, ya que en el día a día los fabricantes locales tienen que hacer frente a una serie de normas comunitarias que apenas les dejan crecer o asentarse en un mercado tan globalizado. Esto provoca que las inversiones extranjeras se queden y dejen cada vez menos espacio a las compañías europeas.
Al final, mientras los políticos aprueban aranceles para frenar la llegada de productos baratos, las marcas chinas consiguen dejar a un lado estos impuestos mediante la construcción de fábricas en suelo europeo. Un caldo de cultivo nada propicio para el crecimiento de las empresas europeas y que no hace sino empeorar la estabilidad de la economía de los países que forman parte de la Unión Europea.
Si hay una situación que muestra a la perfección este paradigma, es la que se está dando en nuestro país, concretamente en Galicia. Y es que el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha declarado oficialmente como Proyecto Industrial Estratégico (PIE) el desarrollo de un megacomplejo industrial del gigante automovilístico chino SAIC (propietario de la marca MG) en Galicia. Este megaproyecto, el primero de la multinacional en suelo europeo, supondrá una inversión de 200 millones de euros para levantar una fábrica de coches eléctricos e híbridos en el Porto Exterior de Ferrol (La Coruña), cuyas obras comenzarán en 2027 con vistas a estar operativo en 2028. La planta supondrá la creación de 1.000 puestos de trabajo directos y otros 1.000 indirectos, además de habilitar un centro de componentes y logística en As Pontes de García Rodríguez con otros 300 empleos.
Aparentemente, este proyecto puede suponer un buen impulso para el empleo de la región, así como para la economía gallega, pero si se analiza un poco más a fondo, también se puede apreciar la paradoja en la que está cayendo la política de la Comisión Europea. Tal y como señala el portal de análisis industrial Industry Talks, este tipo de inversiones permite a los fabricantes asiáticos evitar las barreras comerciales que les impone Europa mediante un centro de fabricación en suelo europeo para que no se les puedan aplicar dichas medidas. Esto plantea una incómoda pregunta sobre el modelo industrial europeo: ¿sirve de algo levantar muros aduaneros si luego facilitas que la producción extranjera se asiente directamente en tu casa?
La dependencia energética de Pekín
La contradicción va más allá y se puede observar también en sectores como el energético. La Unión Europea tiene la idea de liderar la descarbonización y la electrificación de la economía, pero todavía sigue dependiendo de forma masiva de los fabricantes chinos para el suministro de baterías de litio, almacenamiento energético y componentes esenciales para ese cambio, lo que no deja avanzar realmente en este proceso de descarbonización, al menos en los objetivos que se marca el propio organismo europeo. El objetivo oficial es la independencia, pero el resultado real es que sigue necesitando productos y elementos energéticos de terceros países sin los que no puede seguir funcionando.
Por otro lado, la política regulatoria europea se ha convertido en un obstáculo para las empresas locales. Mientras los fabricantes europeos denuncian una creciente e insostenible carga regulatoria y administrativa que encarece los costes de producción dentro del territorio comunitario, las compañías de fuera de la UE continúan expandiendo su presencia comercial. Europa corre así el serio riesgo de convertirse en una potencia estrictamente regulatoria, capaz de dictar normas administrativas para el resto del planeta, pero con una alarmante pérdida de competitividad para producir, innovar y fabricar dentro de sus propias fronteras.
El sector de la nicotina es otro reflejo de la paradoja reguladora
La lógica de esta paradoja industrial y aduanera no se limita al sector del automóvil, sino que se replica exactamente en otros ámbitos de consumo como el de la nicotina y los productos de nueva generación. Según reflejan los datos sectoriales, aproximadamente el 90% de las importaciones europeas de vapeadores proceden directamente de China. Al mismo tiempo, Bruselas y diversos gobiernos nacionales siguen incrementando las barreras y exigencias fiscales sobre los operadores legales europeos que producen y trabajan dentro del mercado común. El resultado es un desajuste difícil de justificar: se ahoga regulatoria y fiscalmente a las empresas que operan legalmente en suelo europeo mientras el consumo masivo de estos productos de nueva generación continúa dependiendo de las fábricas chinas.
Asimismo, las autoridades europeas han alertado en reiteradas ocasiones sobre la llegada de productos que incumplen las normativas comunitarias y el imparable auge del comercio ilícito. Esto sitúa sobre la mesa un interrogante de fondo: ¿es verdaderamente coherente seguir elevando la presión fiscal y regulatoria sobre el mercado legal de la UE cuando el control de las importaciones fronterizas sigue siendo un gran desafío y la producción real continúa concentrada en el exterior de la Unión?
Bruselas habla de autonomía, pero incrementa las dependencias, ya que defiende la industria mientras hace que sea más caro todavía producir dentro de Europa. A la vez que lanza un mensaje de seguridad económica, sigue dependiendo de terceros países para proveerse de coches eléctricos, tecnologías clave, almacenamiento energético o productos de nicotina.
