El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha reconocido la incapacidad permanente absoluta a un hombre de 53 años con esquizofrenia paranoide. En un principio, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) solo le reconocía la total, considerando que aún podía realizar “trabajos livianos y sedentarios”.
Según se recoge en la sentencia (que se puede consultar aquí), había trabajado como empleado de banca, en el área de atención al cliente, desde 1996. En abril de 2024, fue cuando el INSS le reconoció la incapacidad permanente total para su profesión habitual. Según su historial médico, el primer episodio psicótico lo sufrió en 1990 y tuvo recaídas en 1992, 1994, 1999, 2017 y 2021. Tras un último brote en septiembre de 2022, no recuperó su capacidad laboral.
A pesar de recibir tratamiento psiquiátrico, persistían ideas de perjuicio, suspicacia, falta de concentración e incapacidad para tomar decisiones. También se indica en la sentencia que su vida social es muy escasa, siente inseguridad y apenas sale a la calle si no es acompañado por familiares o en horas de poca afluencia de gente.
Por todo ello, el hombre reclamó judicialmente y el Juzgado de lo Social nº 6 de Santander le dio la razón en febrero de 2026, aumentando el grado de incapacidad que tenía reconocido y declarándolo en situación de incapacidad permanente absoluta. Esto le daba derecho a cobrar una pensión equivalente al 100% de su base reguladora, fijada en 3.567,75 euros mensuales.
La Seguridad Social defendía que podía hacer trabajos livianos
No conforme con esta decisión, el Instituto Nacional de la Seguridad Social presentó un recurso de suplicación ante el TSJ de Cantabria. En este, defendía que el trabajador, con medicación, se encontraba “consciente y orientado” y mantenía un discurso coherente, por lo que entendía que aún conservaba capacidad para realizar trabajos livianos y sedentarios, con poca carga psíquica y sin contacto directo con el público.
El TSJ de Cantabria confirma la incapacidad permanente absoluta
El tribunal explicó que su patología es de larga evolución (desde 1990) y que, desde el último brote en septiembre de 2022, no había recuperado su capacidad laboral. Sus síntomas actuales, además, le impiden desarrollar con normalidad un trabajo.
Analizando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la esquizofrenia es una enfermedad que causa una disociación de las funciones psíquicas y una pérdida de las facultades intelectuales y de voluntad. Por ello, estas secuelas residuales crónicas se han considerado incompatibles con las exigencias mínimas de cualquier empleo.
Frente a lo que decía la Seguridad Social, el TSJ de Cantabria explicó que aunque el trabajador pueda hacer “cosas aisladas y discontinuas”, no puede realizar “un trabajo como actividad reglada, efectiva y retribuida”. Asimismo, añadió que las Salas de Social habiitualmente dan la incapacidad absoluta en casos de esquizofrenia en estado cronificado o avanzado.
Por todo ello, desestimó el recurso del INSS y confirmó que el hombre tenía derecho a una pensión de incapacidad permanente absoluta del 100% de su base reguladora.
La sentencia no era firme y se podía recurrir en casación.