Los profesionales que durante años cotizaron a una mutualidad alternativa en lugar de a la Seguridad Social, como abogados, procuradores, médicos o arquitectos, podrán traspasar al sistema público los derechos acumulados para mejorar su pensión, salvo quienes ya están jubilados, que quedan fuera de esa opción.
La proposición de ley que tramita el Congreso abre una pasarela extraordinaria y voluntaria, es decir, una vía para trasladar al sistema público el dinero acumulado en la mutualidad y pasar a cotizar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), pero, tras los últimos cambios, descarta a los profesionales que ya perciben una prestación, una de las principales reivindicaciones de las plataformas de afectados.
La medida beneficia sobre todo a quienes menos aportaron a las mutualidades durante su carrera y aspira a estar aprobada antes del 30 de junio, fecha en la que se interrumpe la actividad parlamentaria por el verano.
La norma, tras los últimos cambios, no termina de convencer a ninguno de los colectivos. El texto permite a estos profesionales llevarse los derechos acumulados en las mutualidades y computar a cuántos años de cotización al RETA equivale ese dinero sobre la base mínima. Sin embargo, no recoge otra de sus grandes demandas: que cada año de aportación a la mutualidad cuente como un año cotizado en el sistema público.
Para hacer esa conversión se aplicará un coeficiente reductor de 0,77, un factor con el que se calcula cuántos años de cotización al RETA se reconocen por las cantidades trasladadas. Las plataformas reclaman rebajarlo hasta 0,67 para "convalidar" más años en la Seguridad Social, mientras que la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha propuesto fijar la aportación mínima equivalente en 226,38 euros mensuales.
El problema de fondo es que muchos de estos profesionales hicieron durante años aportaciones muy bajas, inferiores incluso a las de un autónomo en el RETA, de modo que al jubilarse cobran pensiones por debajo de los 700 euros y, en algunos casos, de los 500 euros. El traspaso al sistema público les garantiza una mejora, pero no necesariamente alcanzar la pensión mínima que reconoce la Seguridad Social.
El nuevo texto sí introduce algunas mejoras. Elimina el requisito de haber estado en activo en la mutualidad en diciembre de 2022, lo que amplía el número de beneficiarios, y permite acogerse a la pasarela a quienes cobran una pensión de viudedad. Aun así, excluye a los mutualistas ya jubilados, que perciben las prestaciones más bajas.
Las cuotas a las mutualidades subirán hasta el 100% del RETA en 2028
La norma también reforma el funcionamiento de las mutualidades. Una vez en vigor, los mutualistas tendrán que aumentar sus aportaciones de forma gradual hasta igualar la cuota mínima del RETA: cotizarán el 86% en 2026, el 93% en 2027 y el 100% en 2028.
Además, obliga a las mutualidades a pagar prestaciones no inferiores al 100% de la cuantía mínima de la Seguridad Social y a revalorizarlas al mismo ritmo que el sistema público. El sistema alternativo de cotización desaparecerá para los nuevos profesionales, que deberán integrarse directamente en el RETA a partir del 1 de enero de 2028.
El Congreso reactivó la pasarela de los mutualistas tras casi un año paralizada y llevó el informe de la ponencia a la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado 20 de mayo, paso previo a su votación en el Pleno y a la posterior tramitación en el Senado. Un día después, el 23 de mayo, los mutualistas se concentraron en Madrid, del Ministerio de Inclusión al Congreso, convocados por el Movimiento #J2 bajo el lema «Pasarela 1x1 para todos», para reclamar que el texto recoja sus exigencias antes de la votación definitiva.