Una empleada del hogar ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le de la razón al reconocerle la incapacidad permanente total para su profesión habitual después de que la Seguridad Social se la denegara al considerar que debía someterse a una intervención quirúrgica.
Según detalla la sentencia (disponible en este enlace del Poder Judicial), la mujer nacida en 1959, padecía varias dolencias que le impedían trabajar y afectaban principalmente a las manos, los huesos y la espalda. En las manos tenía diagnosticado síndrome del túnel carpiano, lo que le provocaba mucho dolor (especialmente por las noches). Además, y debido a la edad, tenía debilidad en los huesos por osteoporosis, así como un desgaste crónico en la parte baja de la espalda (zona lumbar).
La mujer solicitó al INSS la incapacidad permanente en junio de 2023, pero la misma fue denegada. El Equipo de Valoración de Incapacidades (SGAM) explicó en un informe que la trabajadora no quería operarse de las manos y, al rechazar esta cirugía, los médicos consideraron que todavía podía curarse al quedarle todavía opciones.
No conforme, la mujer acudió a los tribunales, donde tanto el Juzgado de lo Social nº 27 de Barcelona como luego más tarde el TSJ de Cataluña fallaron a su favor para que empezara a cobrar la incapacidad permanente total, es decir, la que inhabilita para el ejercicio de su profesión habitual de empleada de hogar.
Sin evidencias de que la cirugía mejoraría su estado
La Seguridad Social alegaba en su recurso que los problemas de salud de la mujer no eran definitivos porque ella se negaba a operarse. Sin embargo, la Sala del TSJ señala que no se puede obligar a una persona a pasar por el quirófano si no hay garantías de que la operación vaya a garantizar que mejore su estado de salud de sus manos.
Además, los tribunales recriminan a la Seguridad Social su falta de claridad, pues explican que el tribunal médico se limitó a decir a la mujer que “le quedaban tratamientos por probar”, pero que en ningún momento se le explicó cuáles eran esos tratamientos exactamente.
Por todo, la justicia ordena a la Seguridad Social a reconocerle la pensión por incapacidad permanente total, por la que cobrará el 75% de la base reguladora fijada en los 374,61 euros mensuales, además de cobrarle las cantidades no percibidas desde 2023. La Seguridad Social paga el 75%, ya que la mujer tiene más de 55 años y no tiene empleo, situación a la que se conoce como incapacidad cualificada.