El acceso a la vivienda se sitúa en el centro del debate no solo en España, sino también en el resto de países europeos. Esta vez ha sido la justicia belga la que se ha puesto de parte de los caseros y en una reciente sentencia judicial, permite a los caseros exigir que los ingresos del inquilino tripliquen el precio del alquiler.
Mientras que en España el Congreso de los Diputados ha derogado el decreto ley del Gobierno que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler, el Consejo de Estado de Bélgica ha dictaminado que los propietarios pueden comprobar que los ingresos de los candidatos a inquilinos sean al menos tres veces superiores al alquiler y los gastos asociados. Según la resolución que recogen desde Figaro Inmobilier, esta exigencia “no es desproporcionada” y no constituye discriminación por motivos económicos.
La decisión llega tras el conflicto entre un propietario de Bruselas y unos inquilinos cuya solicitud fue rechazada por no alcanzar ese umbral. Tras denunciar el caso, la Inspección Regional de Vivienda llegó a multar al propietario con 800 euros, pero finalmente la justicia le ha dado la razón.
Una decisión que cambia las reglas del alquiler
El fallo ha sido celebrado por organizaciones como la Unión Nacional de Propietarios y Copropietarios, que consideran que “por fin se aclaran los derechos” y se pone fin a años de inseguridad jurídica.
Hasta ahora, la normativa permitía a los propietarios comprobar la solvencia de los inquilinos, pero al mismo tiempo prohibía la discriminación por motivos económicos, lo que generaba dudas sobre hasta qué punto se podían exigir determinados niveles de ingresos.
De hecho, en Bruselas existían limitaciones sobre la información que podía solicitarse a los inquilinos, como contratos de trabajo o justificantes detallados de ingresos. Esta situación provocaba que muchos propietarios aceptaran perfiles con ingresos ajustados al alquiler, asumiendo mayores riesgos.
Subida de precios y más dificultades para alquilar
La decisión judicial podría tener consecuencias directas en el acceso a la vivienda, especialmente para quienes cuentan con ingresos más bajos. Desde el sindicato de inquilinos, su director general, José García, ha advertido en declaraciones recogidas por Le Soir que el problema de fondo es otro: “los alquileres son desproporcionados en relación con la capacidad de pago de los inquilinos”.
Aunque desde mayo de 2025 existe un sistema de control de alquileres, la nueva interpretación legal podría endurecer aún más las condiciones de acceso a una vivienda, dejando fuera a muchos perfiles que, hasta ahora, sí podían optar a un alquiler.