UGT ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 8 de junio en el transporte de mercancías y viajeros por carretera en protesta por el retraso del Gobierno en aprobar las normas que permitan la jubilación anticipada en el sector sin penalización. En concreto, exigen al Ejecutivo que responda por escrito a la solicitud de coeficientes reductores que realizaron, y que permitirían adelantar la edad de jubilación de los conductores profesionales por la penosidad de la profesión.
El Secretario General de FeSMC-UGT, Antonio Oviedo, ha recordado en rueda de prensa que esta reivindicación “es histórica” para el sector y para UGT, mostrando incluso un antiguo cartel sindical con el lema “La fatiga mata”. “Este cartel tiene más de 20 años, lo que evidencia que esta reivindicación de jubilación anticipada para los conductores profesionales es una reivindicación histórica del sector y de este Sindicato”, manifestó, en unas declaraciones recogidas por el propio sindicato en un comunicado.
Oviedo también ha denunciado “la falta absoluta de respuesta” por parte de la Administración pública un año después de iniciarse la tramitación de la solicitud sindical de coeficientes reductores.
“Han pasado mas de seis meses desde que se aprobó la tramitación de la solicitud de los coeficientes reductores para la jubilación anticipada cursada por las organizaciones sindicales y no hemos obtenido respuesta del Gobierno, del Ministerio, de la Administración pública, lo que implica que tras seis meses se considera silencio administrativo y los coeficientes quedan denegados. Esa es la única certeza que UGT tiene a día de hoy”.
En la misma línea, ha recriminado a Trabajo que no hayan dado una respuesta oficial y por escrito sobre el estado de tramitación del expediente, denunciando que ni siquiera se ha reunido todavía la comisión técnica encargada de evaluar los informes necesarios para resolver esta cuestión. “Si necesitan más tiempo, pues que lo digan oficialmente, pero no den la callada por respuesta”, ha apostillado.
De ese modo, si no reciben contestación a sus reivindicaciones por parte del Gobierno, seguirán adelante con su convocatoria de huelga.
“Esta no es una huelga contra las empresas, es una huelga contra la Administración Pública”
El responsable del sector de carreteras del sindicato, Diego Buenestado, ha querido destacar la siniestralidad laboral y vial en el sector, recordando que “más de 1.800 conductores profesionales han fallecido desde el año 2013”. Además, aclaró que “esta no es una huelga contra las empresas, es una huelga contra la Administración Pública”.
Al hilo, recordó los datos de siniestralidad vial registrados en 2025. Según el ‘Balance de Siniestralidad Vial de la Dirección General de Tráfico’, el año pasado fallecieron 41 personas en accidentes con camiones de más de 3.500 kilos, 17 personas en accidentes con vehículos comerciales ligeros y 2 personas en accidentes de autobús.
CCOO y las patronales no apoyan la convocatoria
Según recoge la agencia EFE, las asociaciones de transportistas CETM, Confebus y Fenadismer y el sindicato CCOO consideran que el anuncio de UGT de que convocará una huelga en el sector de transporte de mercancías y viajeros por carretera no se justifica.
Por un lado, los empresarios, agrupados en la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que es la más representativa del sector, defienden que se trata de un conflicto con el Gobierno pero que a quien perjudica realmente es a las empresas, según un portavoz que ha hablado con la citada agencia.
En este sentido, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España ha reclamado trasladar las protestas ante el Ministerio de Seguridad Social, que es quien debe aprobar la declaración de la actividad como especialmente penosa, para que se puedan aplicar así los coeficientes reductores.
Por último, el responsable del sector de Transporte por Carretera de CCOO, Francisco Vegas, ha asegurado también a EFE que el anuncio es precipitado porque el Ministerio de Seguridad Social está trabajando en el informe que da respaldo a esa petición por lo que entiende que lo razonable es dar un margen al Gobierno para que remate ese documento.
