Peligra el transporte público: el Gobierno amenaza con cortar las ayudas a estas ciudades si no cumplen con las Zonas de Bajas Emisiones

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son áreas delimitadas dentro de ciudades en las que se restringe el acceso a los vehículos más contaminantes. Son obligatorias desde 2023 para municipios de más de 50.000 habitantes o para municipios de más de 20.000 habitantes que superen ciertos niveles de contaminación. Pues bien, todavía existen ayuntamientos que están tardando en completar la implementación en sus municipios de las ZBE según la ley. Por ello, el Gobierno ha actuado advirtiendo a estas ciudades que si continúan sin terminar de ejecutar las Zonas de Bajas Emisiones en sus territorios pueden ver restringidas sus ayudas al transporte.

Esto no viene de nuevas, sino que el Gobierno de Pedro Sánchez ya aprobó hace más de un año unir en cierta manera la concesión de ayudas al transporte público a la puesta en funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones, tal y como refleja el Real Decreto-ley de 28 de enero de 2024. En base a este Real Decreto, el Gobierno ha advertido que solo mantendrá las ayudas económicas al transporte público en aquellas ciudades que:

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• Hayan implantado de forma efectiva sus Zonas de Bajas Emisiones obligatorias.
• Cumplan los requisitos legales en materia de sostenibilidad y reducción de emisiones.

Por su parte, las ciudades que no cumplan con su ZBE (o lo hagan tarde o mal) podrían perder el acceso a:

• Subvenciones estatales para transporte público.
• Fondos europeos vinculados a la movilidad sostenible.

Es decir, la obligatoriedad no es solo legal: también tiene un impacto económico muy importante para los municipios.

El transporte público peligra: esto potencia el uso del vehículo privado

Actualmente, más de la mitad de las 83 ciudades que reciben ayudas al transporte público corren el riesgo de perderlas. Ante esta situación, localidades como Gijón, Badajoz o Santa Cruz de Tenerife ya han solicitado formalmente al Gobierno que no condicione la concesión de estas ayudas a la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para que no peligren los precios y el futuro de su transporte público.

El motivo de esta petición es evidente: sin apoyo económico al transporte público, los billetes serán más caros, lo que a su vez incentivará el uso del vehículo privado, justo lo contrario de lo que se busca si el objetivo es reducir las emisiones contaminantes.

Un ejemplo claro es el caso de Gijón, donde la retirada de los fondos —más de 1,2 millones de euros al año— provocaría que el precio del billete sencillo pasara de 38 céntimos a 75 céntimos, un incremento que muchos usuarios encontrarían muy difícil de asumir.

Un problema estructural

Además, hay que señalar que muchas de estas 40 o 50 ciudades no han podido poner en marcha sus Zonas de Bajas Emisiones, no por falta de voluntad, sino porque los proyectos están paralizados en los tribunales. En muchos casos, se espera que las ZBE sean anuladas, como ya ocurrió en Madrid, donde una sentencia judicial reciente tumbó la medida de manera ejemplar.

A este contexto se suma que en Francia también se están cuestionando las Zonas de Bajas Emisiones, al considerarlas inconstitucionales por perjudicar de forma desproporcionada a las clases sociales más vulnerables.