
Arturo -nombre ficticio- vive en Almuñécar. Y cómo él, son muchos los que empiezan a notar que su pequeño municipio también se prepara para instalar una Zona de Bajas Emisiones, las conocidas ZBE. Ello no supondría mayor problema si no fuera porque como la granadina, hay muchas pequeñas poblaciones que rondan o superan los 20.000 habitantes que ya se preparan para adoptar esta regla medioambiental y, a la vez, restrictiva para coches con cierta antigüedad.
“El coche funciona bien y no entiendo por qué tengo que comprarme uno nuevo. Casi me están obligando a venderlo y no puedo afrontar un gasto como ese”, dice a NoticiasTrabajo. A día de hoy, de las 149 ciudades que deben poner en marcha sistemas que prohíban la circulación de coches sin etiqueta, solo 70 los han desplegado. Pero esto no quiere decir que no vayan a llegar hasta el último rincón, pues desde el Gobierno se insta a muchos ayuntamientos a que las pongan en funcionamiento. Si no lo hacen, se enfrentan a que el Estado retire millones de euros en subvenciones para el transporte público.
El de Arturo es solo un ejemplo del impacto que las restricciones a la movilidad de los vehículos más antiguos está teniendo sobre la vida personal (y en muchos casos profesional) de los millones de propietarios de estos coches que se ven abocados a deshacerse de ellos o a usarlos en otros lugares.
Las pequeñas poblaciones también se preparan para adoptar sus propias Zonas de Bajas Emisiones sin estar obligadas
Y no son pocos. En España hay 2.135.976 turismos y 4x4 de gasolina con más de 20 años, y 5.184.004 turismos y 4x4 diésel con más de 15 años. Son 7.319.980, un 29,70% del parque automovilístico español, que suma 24.624.352, según datos de MSI, consultora del mercado de automoción. A ninguno de ellos le corresponde la etiqueta de la DGT, el distintivo ambiental que marca y clasifica a su coche según el nivel de emisiones contaminantes. Son los matriculados antes de 2000 en el primer caso y antes de 2006 en el segundo.
Claro que para esas personas que no les queda más remedio que vender su coche, el Gobierno mantiene el Plan MOVES, que ofrece ayudas y subvenciones para todos los interesados en cambiar su vehículo actual por uno híbrido o eléctrico.
Con ayudas de hasta 7.000 euros, son muchos los que no ven más remedio que acceder a este sistema para poder acceder a las ciudades, donde ya Madrid no permite la entrada a su núcleo urbano si el vehículo -por norma general- dispone de más de 20 años.
El 29,70% de los turismos en España no pueden moverse por el centro de pequeñas y grandes ciudades
Incluso, en la misma ciudad de Madrid, primero con el plan de ‘Madrid Central’ de Manuela Carmena y después con el ‘Madrid 360’ del alcalde José Luis Martínez-Almeida, actualmente en la capital quedan 400.000 coches sin etiqueta que solo pueden seguir funcionando hasta el 31 de diciembre de este año y siempre que su dueño tenga residencia en la capital, fecha en la que dejarán de ser legales.
Todo esto da como resultado a que en poco tiempo habrá muchas pequeñas ciudades y poblaciones que, sin estar obligadas por ley a colocar este tipo de medidas para las Zonas de Bajas Emisiones, optarán por usarlas para no sufrir daños colaterales por parte del Gobierno, entre otros.
Así, y según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, hasta un total de 149 localidades españolas donde viven 24 millones de personas, un 52% de los habitantes de España, incluidas las islas Baleares y Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, deberán crear una de estas zonas restrictivas para vehículos.
Es lo que señalan desde el medio de El Debate, donde mencionan que en Cataluña hay hasta 43 municipios que se han dirigido de manera voluntaria a los mismos, que se suman a los 24 municipios que sí están expresamente obligados porque sus ciudades tienen unas tasas de contaminación mayores a las permitidas.
Además de los propios dueños de los vehículos, hay negocios que también se ven afectados por las restricciones. Un caso práctico y cercano en muchas localidades son los talleres, donde suelen acudir conductores mayores o jubilados con coches antiguos que no van a poder comprarse un coche nuevo. A los mismos, también se les insta a malvenderlos debido a estas restricciones que amparan en cada vez más ciudades del país.