El PSOE ha registrado en el Congreso una Proposición No de Ley con la que plantea reforzar el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre las plataformas digitales como Glovo o Uber, acusadas de “precarizar el empleo” de miles de trabajadores, en su mayoría jóvenes. Así, con esta iniciativa el partido socialista busca más inspecciones laborales, campañas informativas y la creación de órganos sindicales dentro de estas empresas tecnológicas, pero esquiva el debate sobre cuántos afectados existen o cómo se garantizará la eficacia del control.
El PSOE ha registrado en el Congreso una propuesta para reforzar la vigilancia sobre las plataformas digitales como Glovo o Uber, acusadas de “precarizar el empleo” de miles de trabajadores, en su mayoría jóvenes. La iniciativa, presentada como Proposición No de Ley, reclama más inspecciones laborales, campañas informativas y la creación de órganos sindicales dentro de estas empresas tecnológicas, pero esquiva el debate sobre cuántos afectados existen o cómo se garantizará la eficacia del control.
La ofensiva socialista, que llegará próximamente al Pleno, apunta directamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la que quiere dotar de más medios para “perseguir las conductas fraudulentas” de las plataformas. El texto pide actuar especialmente en los casos de empleos disfrazados de colaboración o voluntariado, una figura recurrente en el sector digital para eludir derechos laborales.
La iniciativa también tiene vocación internacional, ya que el PSOE exige al Gobierno que presione a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para pactar un Convenio Mundial sobre el trabajo en plataformas, una especie de “Garantía Laboral Universal” que fije mínimos de salud, seguridad y control de algoritmos. Todo ello, en un momento en que los tribunales ya han sentenciado que los repartidores de Glovo, por ejemplo, son asalariados y no autónomos, una decisión que cambió el mapa legal en 2020.
En paralelo, los socialistas plantean lanzar campañas de información dirigidas a los jóvenes, el colectivo más presente en este tipo de empleos. El objetivo es alertarles no solo de las oportunidades, sino sobre los riesgos y trampas de los llamados “trabajos colaborativos” o de voluntariado.
Pese al tono contundente de la propuesta, el texto evita ofrecer cifras concretas sobre el número de afectados, el alcance real de la precarización o cuántos inspectores se destinarían a esta ofensiva. Tampoco se recoge la reacción de las propias plataformas, ni de otros partidos. Desde el PSOE se limitan a denunciar la “dificultad de encuadrar la prestación laboral” y la creciente litigiosidad en el sector.
