El Gobierno está trabajando en una nueva reforma que termine con el abuso de la temporalidad en el sector público. En estos momentos, la Comisión Europea tiene dos procesos abiertos contra España porque ha detectado incumplimientos en algunos de los compromisos que se acordaron en 2021. Ahora, esto podría terminar en el pago de una multa millonaria que serviría como advertencia para quienes mantengan la precariedad laboral también en el ámbito de las administraciones.
El Ministerio de Función Pública de Óscar López, que no quiere tener que pagar multas a la Unión Europea, ya trabaja en varias medidas que rebajen la contratación temporal en Educación, Sanidad y la administración de Justicia. En estos sectores, los índices de contratación eventual pasan del 30%, llegando a ser del 50% en determinados momentos.
La Ley 20/2021 no soluciona la temporalidad de los funcionarios
La Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público se queda corta en 2025. Pero, gracias a ella, desde la Unión Europea se ha constatado que se están incumpliendo ciertos compromisos adquiridos por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Es el caso del intento de estabilizar más de 300.000 plazas de personal interino antes de 2025 y aunque se han regularizado casi 365.000 la tasa de temporalidad está en el 30%, por encima del 8% que el Ministerio de López se comprometió a conseguir ante Bruselas.
Fuentes del Ejecutivo han reconocido a El Mundo que esto se debe a la falta de planificación en la gestión de los recursos humanos y que, por eso, hay que seguir recurriendo a personal eventual.
Los problemas están en Sanidad, Educación y Justicia
El Gobierno estudia los sectores en los que se está detectando más conflictividad en lo que tiene que ver con los empleos temporales. Mientras que la Administración General del Estado (AGE) mantiene las tasas de temporalidad en el 4,7%, en las Comunidades Autónomas (CCAA) se dispara al 40% y en los ayuntamientos se queda en 35,8%.
Hay sectores como la Educación universitaria en la que el índice roza el 50% (49,5%) y en Sanidad se supera este 50%. La Administración de Justicia, con el 32% también está en el foco de las exigencias de la Unión Europea.
Por eso, el plan en que está trabajando el Ministerio de Función Pública se basa en tres cambios principales con modificaciones en el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) y en las normas sectoriales. El modelo que se va a tomar como referencia es el del proyecto por el que Félix Bolaños quiere reforzar las carreras de jueces y fiscales, incorporando herramientas para mejorar la gestión de personal y los mecanismos de sanción.
El Ministerio prepara un sistema que avise de contratos a punto de terminar
Entre las medidas que plantea el Ministerio de Función Pública está la de poner límites a las causas de contratación temporal. Por eso, se tendrá en cuenta que no se realicen contratos de trabajo de manera abusiva para el mismo puesto y empleado público.
El Ministerio pretende poner en marcha un sistema de alertas tempranas que lleve un registro de los trabajadores temporales y lance una alerta cuando el contrato de trabajo esté cerca de terminar.
También se implantará un régimen sancionador común que será aplicable a todas las administraciones. Desde CSIF señalan que la propuesta actual para este programa de sanciones es “ambiguo” y piden que se delimiten las responsabilidades.
Los sindicatos ya avisaron a la Administración
El sindicato CSIF ha criticado duramente la gestión del Gobierno, afirmando que la alta temporalidad demuestra el fracaso de los procesos de estabilización iniciados en 2021. Según sus datos, de las 544.151 plazas ofertadas en los últimos cuatro años, el 32,7% aún no se han cubierto. Además, cerca del 40% de los ayuntamientos (3.100) no han comunicado sus cifras de temporalidad, lo que agrava la opacidad del problema.
Los sindicatos también señalan que la tasa de reposición aún vigente y la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado impiden consolidar empleos estructurales. Ante esta situación, demandan una nueva Oferta de Empleo Público y el desbloqueo de la subida salarial pactada, así como un calendario claro de incrementos retributivos para los próximos años.
Este jueves, CSIF, CCOO y UGT han convocado manifestaciones para exigir la equiparación salarial del personal civil de Defensa, que quedó excluido del incremento acordado para los militares.
