La decisión ya está tomada. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha resuelto la demanda presentada por UGT sobre la indemnización por despido en España y, a lo largo de esta semana, comunicará la resolución a las partes: tanto al Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, como al sindicato. También al Comité de Ministros del Consejo de Europa, que es el que emitirá una recomendación al Gobierno de España sobre si tiene que modificar o no la legislación española.
Sin embargo, aunque las partes vayan a conocer la resolución esta semana, no podrán desvelar el resultado. La resolución solo se hará pública pasados cuatro meses desde la comunicación al Comité de Ministros europeo. Solo si este decide emitir su recomendación antes, el CEDS podrá adelantar la publicación de su resolución. Por este motivo, no podría ser hasta julio cuando se sepa si suben o no las indemnizaciones por despido.
Lo más probable es que sí lo hagan, ya que el CEDS, que es quien ha tomado la decisión, publicó la semana pasada un informe de Conclusiones de 2023 donde expresaba que la normativa española no se ajusta a la Carta Social Europea. En específico, explicaban que el límite actual de la indemnización por despido improcedente, que es de 33 días por año trabajado, limita en muchos casos la reparación real del daño causado, por no poder superarse dicho baremo. Esto estaría en contra del artículo 24 de la Carta social Europea, como demanda UGT, que establece que en caso de despido improcedente los trabajadores tienen derecho “a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”.
Además, se le suma el hecho de que el Comité Europeo ya ha enfrentado casos similares en las denuncias de Finlandia, Francia e Italia, con tres fallos en los que instaban a los respectivos gobiernos a cambiar la legislación para que la indemnización por despido se ajustase a la Carta Social Europea, ya que los límites preestablecidos no consiguen reparar el daño causado en todos los casos. Por todos estos motivos, lo más probable es que Europa haya dado la razón a UGT, lo que daría ‘vía libre’ a Yolanda Díaz para instaurar su ‘despido restaurativo’.
Por qué podría subir la indemnización por despido en España
Si el Comité Europeo de Derechos Sociales, como se prevé, falla a favor de UGT, y considera que la normativa española incumple la Carta Social Europea, Yolanda Díaz podría reclamar al ala socialista que se reforme la indemnización por despido en España, contemplando indemnizaciones mayores que las actuales. Es así porque PSOE y Sumar se comprometieron en su acuerdo de Gobierno a que la legislación del despido española cumpla con la Carta.
Por esta razón, se han conocido “interferencias” del Gobierno, ya que los socialistas no estarían tan abiertos a aplicar esta reforma. Tal como pudo conocer ‘Noticiastrabajo’, el Ministerio de Justicia solicitó, en noviembre de 2023, apartar a la experta Carmen Salcedo del Comité Europeo, ya que la misma, antes de ocupar este cargo, había escrito un artículo en el que exponía que España no cumplía con la Carta Social Europea en el aspecto que debía resolver el Comité, del que había pasado a ser miembro.
Este medio pudo acceder a la solicitud de recusación presentada, aunque desde Justicia han defendido, en más de una ocasión, preguntados en el Congreso de los Diputados por esta cuestión, de que no existe ningún “obstruccionismo”. UGT mostró su preocupación en reiteradas ocasiones sobre este aspecto, asegurando interferencias en la resolución del Comité, lo que motivó también a Yolanda Díaz a solicitar a Justicia que cesaran la petición de recusación y, por parte del sindicato, a pedir el cese inmediato del agente español ante el Comité Europeo.
Como se ha explicado, todo ello sería para evitar que se modifique la indemnización por despido en España, ya que si el fallo así lo estipula, Díaz podría reclamar la instauración de su “despido restaurativo” o “a la carta”. Mediante este, lo que se busca es que se analice cada caso en concreto, teniendo en cuenta factores como la edad, la antigüedad en la empresa, si se pertenece a un colectivo vulnerable o si se está embarazada. El objetivo no es solo que aumenten las cuantías cuando sea necesario, sino que se establezca “un mecanismo que repare adecuadamente los daños causados cuando el despido sea improcedente y que será verdaderamente disuasorio para despedir sin causa”, en palabras de la ministra de Trabajo.
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