Yolanda Díaz tiene todas consigo para reformar la indemnización por despido: Europa dice que España no cumple

La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene todas consigo para reformar la indemnización por despido e imponer el ‘despido restaurativo’ que defiende su partido, Sumar. El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que es quien debe decidir si la indemnización por despido improcedente en España cumple o no con la Carta Social Europea, ha adelantado que el límite que recoge la normativa española no se ajusta a la misma. No se trata de la resolución del Comité, pero si es una opinión que han compartido en su informe de Conclusiones de 2023 respecto a España, por lo que todo apunta a que su fallo va a ser favorable a lo que demandan los sindicatos. Y también Díaz.

Es importante porque PSOE y Sumar se comprometieron en su acuerdo de Gobierno a que la normativa del despido española cumpla con la Carta Social Europea. Por este motivo si, como se espera ahora, el Comité resuelve que España no está cumpliendo con la misma, se debería reforzar la indemnización por despido, teniendo la ministra de Trabajo ‘vía libre’ para aplicar su reforma de los despidos, alineada con las reivindicaciones de los sindicatos, aunque desde el PSOE se muestren reacios a ejecutarla.

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El artículo 24 de la Carta Social Europea establece que, en caso de despido improcedente, los trabajadores tienen derecho “a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Por esta razón, el máximo de 33 días por año trabajado, que contempla la norma española, limita en muchos casos una reparación real del daño causado, por no poder superarse ese baremo. En concreto, los expertos del Consejo detallan que “el límite máximo de los baremos de indemnización no permite conceder a un trabajador una indemnización superior en función de todas las circunstancias, ya que los tribunales solo pueden ordenar una indemnización dentro de los límites del baremo”.

A tenor de esto, el partido de Yolanda Díaz defiende lo que se ha llamado el “despido a la carta” o “restaurativo”, por el que se analizaría cada caso concreto para evaluar cómo impacta el despido en cada trabajador en función de sus circunstancias. Así pues, se tendrían en cuenta factores como la edad, si se pertenece a un colectivo vulnerable, si se está embarazada (uno de los ejemplos que valora el Consejo en su informe) o la antigüedad con la que se cuenta en la empresa.

Interferencias del Gobierno en la resolución

Paralelamente, en la última sesión del Congreso de los Diputados, el parlamentario de BNG (como ya hizo anteriormente), preguntó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre las interferencias del Gobierno para apartar a Carmen Salcedo, miembro española del Comité Europeo de Derechos Sociales que emitirá la resolución de la indemnización por despido. El motivo es que esta, antes de ser nombrada en tal cargo, escribió un artículo en el que exponía que España no cumple en esta materia con la Carta Social Europea. 

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Sin embargo, este ha vuelto a eludir la cuestión, asegurando que no existe ningún “obstruccionismo”. ‘NoticiasTrabajo’ tuvo acceso a la solicitud de recusación presentada por el Ministerio de Justicia en el que solicitaba retirar a Carmen Salcedo, primero adelantada por ‘El País’, y que provocó reacciones de la propia ministra de Trabajo. Yolanda Díaz pidió a Justicia que cesara esta solicitud de recusación, advirtiendo de que podría ser un “peligroso” precedente. 

Además, UGT también se ha manifestado preocupado, siendo el sindicato que elevó esta cuestión al Consejo Europeo. Posteriormente, CCOO presentó otra demanda similar, en la que solicitaba también una reforma de la indemnización por despido, pero es la de UGT la que el CEDS va a resolver próximamente. Y, valorando el informe de conclusiones presentado, a favor de dicho sindicato. De hecho, el Comité ya falló de este modo en las demandas presentadas contra Italia y Francia, donde consideraba que las indemnizaciones máximas no permitían reparar el daño causado en determinados casos de despido.