El sistema europeo de pensiones afronta el debate más profundo desde la armonización del euro, y España ha decidido no seguir el guion que ha escrito la Comisión. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, intervino este jueves en el pleno del Comité Económico y Social Europeo para frenar el paquete con el que Bruselas pretende elevar hasta el 70% de las carteras la exposición a bolsa de los fondos de pensiones de empleo y reactivar el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP), una figura creada por el Reglamento UE 2019/1238 que apenas ha cuajado en seis años. “Cuando los sistemas de pensiones se orientan en exceso hacia lo privado, los riesgos se trasladan directamente a las personas”, sostuvo Saiz en declaraciones recogidas por Efe.
La presión demográfica sobre las cuentas públicas es real y la AIReF proyecta que el gasto en pensiones rozará el 17% del PIB español a mediados de siglo, casi cuatro puntos por encima del nivel actual. La comisaria europea de Servicios Financieros y la Unión de Ahorros e Inversiones, Maria Luís Albuquerque, defendió la propuesta con un mensaje que no ha gustado, según el cual los productos de ahorro deben garantizar el poder adquisitivo a largo plazo o las pensiones privadas perderán valor real con el tiempo. La idea es canalizar ese ahorro hacia inversiones productivas (infraestructuras, transición energética, defensa, innovación) y los fondos de pensiones son la palanca natural para captar el capital.
Ahora, el Tribunal de Cuentas Europeo ya ha comprobado que el modelo no funciona como se vendió. El PEPP, lanzado en 2019, no ha logrado consolidarse como alternativa real de ahorro en sus seis años de vida, y el organismo atribuye el fracaso a una combinación de tres factores, que son la ausencia de incentivos fiscales nacionales, el tope de costes fijado en el 1% y la competencia de productos domésticos más atractivos para el ahorrador europeo.
El 'gap' frente al modelo nórdico
España juega en otra liga europea, y los datos lo dicen sin matices. Su sistema público sigue ofreciendo una tasa de sustitución cercana al 75% del último salario, frente a la media de la OCDE del 50% según los registros de Pensions at a Glance, y los planes de empleo apenas representan el 2% del ahorro previsional.
Por su parte, en Países Bajos y Dinamarca los fondos ocupacionales (financiados conjuntamente por empresas y trabajadores vía convenios sectoriales) cubren a más del 90% de los asalariados y son el segundo pilar real del sistema. Paradójicamente, ese contraste es lo que hace inviable el guion de Bruselas en el sur de Europa.
Romper el equilibrio actual sin tener antes una red ocupacional consolidada deja al ahorrador español a la intemperie, expuesto a los ciclos bursátiles sin la red de seguridad que sí existe en el norte. La inscripción automática en planes complementarios funciona en Reino Unido, donde el sistema arrancó en 2012 con la auto-enrolment y ya supera el 80% de adhesión, y en los Países Bajos por afiliación cuasi-obligatoria sectorial. En España el tejido productivo está dominado por la pyme y la negociación colectiva no ha consolidado planes de empresa, lo que invalida el copia y pega.
La memoria del 'golpe' de 2008
Dentro del propio CESE, Saiz no está sola. María del Carmen Barrera Chamorro, representante del grupo de los trabajadores y vicepresidenta del Workers' Group desde 2023, denunció que el plan carece de evaluación social y reduce el debate a la rentabilidad financiera. “No se puede analizar el sistema de pensiones únicamente desde la rentabilidad financiera”, señaló Barrera en el pleno.
El propio Comité aprobó un dictamen no vinculante en el que recuerda que, en la mayoría de países donde se ha intensificado el ahorro privado, el pilar público se ha debilitado en paralelo. La memoria de la crisis financiera de 2008 sobrevuela el debate, y mucho.
En aquel ciclo, muchos planes privados encadenaron rentabilidades negativas durante años y los partícipes vieron evaporarse parte del ahorro de toda una vida laboral, un trauma que en España aún no se ha curado y que pesa sobre la confianza del ahorrador medio.
La ministra cerró su intervención con la frase que define la posición de Madrid en esta legislatura europea, “Defender las pensiones públicas es defender el modelo social europeo”, y dejó claro que España votará en contra de cualquier reforma que rebaje el peso del pilar público en la arquitectura comunitaria.
