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Bruselas fuerza al Gobierno a destapar el agujero de las pensiones: España deberá repetir el examen y expone el sistema al riesgo de ajustes millonarios

El Ejecutivo rectifica tras el bloqueo de fondos europeos y elimina el truco de computar transferencias estatales como ingresos; la AIReF y los expertos advierten que la sostenibilidad sigue sin garantizarse y el déficit crece.


El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre de la OTAN de La Haya
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre de la OTAN de La Haya |J.J. Guillén | EFE
Francisco Miralles
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Bruselas ha tumbado el maquillaje contable del Gobierno en las pensiones y ha bloqueado el pago de fondos europeos a España hasta que se evalúe la sostenibilidad del sistema con criterios reales y sin trampas. El Consejo de Ministros ha tenido que aprobar a toda prisa un nuevo real decreto para corregir lo que la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas consideran una “contabilidad creativa”, es decir, sumar como ingresos propios del sistema las transferencias del Estado, un truco que permitía esquivar ajustes y presentar las cuentas en equilibrio.

La maniobra del Gobierno, avalada en marzo por la AIReF tras una revisión beneficiada por el rebote del PIB, se vino abajo cuando Bruselas detectó la trampa y avisó de que solo se estaba moviendo el agujero de las pensiones al presupuesto general del Estado. El Ejecutivo se ha visto obligado a modificar la ley y encargar a la AIReF una nueva evaluación antes del 1 de junio de 2026, apenas un año después del último examen, cuando la normativa anterior fijaba revisiones trienales.

Según los datos publicados por El País, el ajuste evitado entonces ascendía a 0,8% del PIB, unos 12.000 millones de euros, según cálculos de la propia AIReF. El nuevo examen se hará ahora sin las transferencias estatales, por lo que el sistema quedará expuesto al riesgo de ajustes millonarios si el gasto neto en pensiones supera el 13,3% del PIB en el periodo 2022-2050. De ser así, la ley prevé subidas automáticas de cotizaciones repartidas durante cinco años.

Bruselas bloquea fondos y exige a España un examen “sin trampas” para las pensiones

El trasfondo de la rectificación no es solo una cuestión técnica, sino un tirón de orejas político y financiero de Bruselas, que ha condicionado el desembolso de los fondos Next Generation a que España cumpla los hitos de transparencia y sostenibilidad real en las pensiones. De hecho, el Gobierno ha tenido que revertir un objetivo que ya daba por cumplido bajo la presión de que el Tribunal de Cuentas Europeo podía incluso exigir la devolución del dinero recibido.

Desde el Ministerio de Inclusión se insiste en que el nuevo informe de la AIReF “no supone una nueva evaluación, sino un ejercicio de transparencia que pretende reforzar la confianza en la sostenibilidad del sistema”. Pero la realidad es que sin la presión de Bruselas, el Gobierno habría mantenido la trampa contable que permite maquillar la debilidad del sistema.

La AIReF y el propio FMI llevan tiempo advirtiendo que la fórmula del Gobierno para medir la sostenibilidad es “ineficaz” y ofrece una visión parcial, excesivamente dependiente de las coyunturas económicas. “El resultado será que se pasa el examen, pero solo por alguna décima del PIB, lo que permite vender a la sociedad que el sistema garantiza la sostenibilidad financiera cuando la realidad está muy lejos de ser así”, alerta Miguel Ángel García, investigador de Fedea. El agujero estructural, según la AIReF, puede llegar a un déficit del 3% del PIB en 2050: unos 45.000 millones de euros actuales.

Expertos y organismos internacionales denuncian que, aunque se elimine el truco de las transferencias, el sistema sigue acumulando déficit y la regla de gasto que impone el Gobierno no permite afrontar el problema de fondo: el envejecimiento de la población y el desequilibrio financiero crónico. A ello se suman las dudas sobre la capacidad real de nuevas medidas laborales para ampliar la base de cotizantes y equilibrar las cuentas.

España se juega ahora no solo la confianza de Bruselas, sino la estabilidad de sus futuras pensiones. El sistema queda bajo vigilancia directa de la AIReF y la Comisión Europea, y cada revisión será más estricta. De la evolución del PIB y del margen de maniobra fiscal dependerá que se activen o no los temidos ajustes automáticos que ya planean sobre millones de cotizantes y jubilados.