La Seguridad Social acumula una deuda histórica con el Estado que asciende ya a 126.000 millones de euros o lo que es lo mismo, el 7,8% del Producto Interior Bruto. El propio Gobierno lo reconoce en una respuesta parlamentaria, donde atribuye este agujero a los préstamos concedidos por distintos ejecutivos desde los años noventa (es decir que no es una deuda generada por el ejecutivo actual), una fórmula que ha permitido pagar las pensiones durante más de tres décadas, pero dejando tras de sí una deuda que jamás se ha saldado.
El informe más reciente publicado por el Tribunal de Cuentas sitúa el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social en 98.526 millones de euros a cierre de 2023, en un contexto de insuficiencia de recursos propios para cubrir el gasto. A esta cifra se suman los 10.000 millones desembolsados este año y otros préstamos concedidos desde 1992, lo que eleva la deuda acumulada a 126.170 millones, según los cálculos del propio Ejecutivo.
El Gobierno de Pedro Sánchez defiende su modelo actual, basado en transferencias directas de capital procedentes de los impuestos para cubrir el desfase de la Seguridad Social, argumentando que es el mecanismo más apropiado según Eurostat para entidades con patrimonio negativo. A pesar de ello, este cambio de modelo no ha evitado que la deuda pública siga creciendo con más del 80% del incremento de la deuda desde 2010 responde a este flujo de transferencias, como subrayan tanto la AIReF como el Tribunal de Cuentas.
Sin abonar los préstamos y sin saber cómo lo hará
“Esta tendencia de instrumentar la financiación del Estado a la Seguridad Social mediante préstamos pierde su razón de ser”, sostiene el Ejecutivo, que reconoce que este sistema solo garantiza la sostenibilidad presupuestaria a costa de inflar el endeudamiento. A lo largo de los últimos 31 años, ninguno de los préstamos otorgados ha sido devuelto, por lo que los que no tienen plazo de vencimiento permanecen sin reintegrar y los que sí lo tienen han sido prorrogados de forma sistemática, según alerta el órgano fiscalizador.
La respuesta parlamentaria llega tras una pregunta del Grupo Popular y en pleno debate por el informe del Tribunal de Cuentas, que pone en evidencia la falta de recursos propios de la Seguridad Social para afrontar sus compromisos. Aun así, el Ejecutivo, evita concretar cómo se llevará a cabo el “saneamiento definitivo” que anuncia, y no detalla ningún plan para devolver los préstamos acumulados durante tres décadas.
| Finalidad del préstamo | Año | Importe |
|---|---|---|
| Cancelación de obligaciones Insalud antes del 31/12/1991 | R. Decreto-Ley 1992 | 1.686,2 € |
| PGE 1993 | 843,1 € | |
| PGE 1994 | 843,1 € | |
| Subtotal | 3.372,4 € | |
| Equilibrio presupuestario y cobertura de obligaciones | PGE 1994 | 2.073,5 € |
| PGE 1995 | 2.670,6 € | |
| R. Decreto-Ley 1995 | 2.670,6 € | |
| PGE 1997 | 935,2 € | |
| PGE 1998 | 753,9 € | |
| PGE 1999 | 485,4 € | |
| Subtotal | 9.589,2 € | |
| Cubrir desfases de tesorería | PGE 1997 | 2.103,5 € |
| PGE 1998 | 2.103,5 € | |
| Subtotal | 4.207,0 € | |
| Equilibrio presupuestario y cobertura de obligaciones | PGE 2017 | 10.192,0 € |
| PGE 2018 | 13.830,1 € | |
| PGE 2018 (prórroga) | 13.830,1 € | |
| RDL COVID-19 | 16.500,0 € | |
| PGE 2021 | 13.830,1 € | |
| PGE 2022 | 6.981,6 € | |
| PGE 2023 | 10.003,8 € | |
| PGE 2023 (prórroga) | 10.003,8 € | |
| Subtotal | 95.171,5 € | |
| Total acumulado | 126.170,2 € |
En paralelo, la evolución de la conocida como “hucha de las pensiones” refleja el agotamiento del modelo y con el fondo de reserva llegó a contar con 67.000 millones de euros, pero fue vaciado para afrontar las pagas extraordinarias y solo ha recuperado parte de su saldo gracias a las últimas subidas de cotizaciones, superando nuevamente los 10.000 millones en 2024. El grueso de las pensiones actuales se paga ya con recursos procedentes de los impuestos, lo que convierte el sistema en cada vez menos contributivo y más dependiente del presupuesto general.
Pacto de Toledo
El debate sobre la transparencia de las cuentas y el maquillaje contable ha ganado fuerza en los últimos meses. A principios de año, el Gobierno incluyó en un decreto que la AIReF debía computar como ingresos del sistema las transferencias fiscales, una maniobra que fue criticada en Bruselas y que finalmente obligó al Ministerio de Seguridad Social a modificar el criterio y solicitar una nueva evaluación independiente.
Mientras tanto, la ministra Elma Saiz defiende el Pacto de Toledo como “uno de los grandes acuerdos políticos de la democracia española” y anuncia la puesta en marcha de INTegraSS, una herramienta para proyectar el gasto en pensiones a largo plazo. El Gobierno insiste en la legitimidad y sostenibilidad del sistema, aunque los informes de los organismos fiscalizadores advierten del creciente desfase estructural y la ausencia de un plan claro para sanear las cuentas de la Seguridad Social.
