Pensiones

El alto tribunal inicia el procedimiento para ejecutar la sentencia que fuerza al Gobierno tras comprobar que no ha aplicado el fallo que exige equiparar este derecho con el de otros cuerpos policiales.

Tiene 49 años cotizados y le han aplicado una reducción que “equivale a ocho años completos” de pensión.

El estudio compara las prestaciones públicas antes de impuestos con el gasto anual estimado de los mayores de 60 años y sitúa al país en un “superávit” del 3%, en un continente donde el déficit es la norma.

El Tribunal Supremo recorta el Real Decreto 402/2025 y suprime la obligación de identificar fiscalmente a cientos de miles de conductores.

La Seguridad Social denegó la pensión al no cumplir con el registro formal es un requisito obligatorio tal y como regula el 221 de la Ley General de la Seguridad. La justicia da la razón rechazando flexibilidad pese a la convivencia.

El secretario de Estado admite que la jubilación parcial y las anticipadas voluntarias preocupan a los sindicatos y apela a una negociación “compleja”.

Aunque la nueva Ley 2/2025 elimina el despido automático por invalidez, si el empleado no manifiesta su deseo de continuar, la empresa podrá dar por finalizada la relación laboral sin derecho a adaptación.

Según el artículo 237 de la Seguridad Social, si solicitas una excedencia por cuidado de hijos o familiares, se te reconocerán hasta tres años de cotización efectiva, garantizando que tu futura jubilación no se vea perjudicada por el parón.

El TSJ de Extremadura confirma que el requisito de no tener deudas con la Seguridad Social es indispensable y que las cuotas prescritas no sirven para cumplir el periodo mínimo exigido.

El Alto Tribunal explica que los atrasos cobrados tras ganar un juicio al INSS deben declararse íntegramente en el año en que la sentencia es firme, respaldando el criterio de Hacienda, aunque avala aplicar una reducción del 30%.

El sindicato acusa al Ministerio de faltar a “su palabra” y de convocar reuniones sin abordar los compromisos sobre pensiones máximas, ERE y actividades penosas.

El Alto Tribunal aclara que los ingresos deben calcularse en términos netos y que, si no superan el salario mínimo interprofesional, la Seguridad Social no puede imponer el alta ni exigir cotizaciones al pensionista autónomo.

Las pensiones son cada vez más altas y los jóvenes cada vez más pobres. La brecha generacional crece en un mercado laboral marcado por la precariedad.

El artículo 205.1.b de la Ley General de la Seguridad Social especifica claramente que para acceder a la pensión hay que cumplir con la carencia específica.

La Seguridad Social sostenía que podía desempeñar trabajos livianos o sedentarios, pero el tribunal explica que la afectación cognitiva y funcional es tan grave que le impide “el desempeño de cualquier tipo de trabajo”.

El Alto Tribunal aclara que no reconocer esta cuantía a un interino cuando sufre una incapacidad vulnera el principio de igualdad y la normativa europea.

Para el TSJ, los informes solo acreditan “limitación para tareas de muy altos requerimientos físicos” y eso no basta para declarar una incapacidad total en un trabajo cuya exigencia se sitúa en un nivel “de mediana a alta intensidad”, no “muy alta”.

La Ley permite regularizar la deuda mediante la “invitación al pago”, pero si no se salda puede paralizarse el reconocimiento o incluso suspenderse la pensión.

El cobro de dos pensiones contributivas a la vez conlleva, por norma general, la suspensión de una de ellas por incompatibilidad. La Seguridad Social aplicará la norma y abonará por defecto la prestación que sea de mayor cuantía, aunque el pensionista tiene la última palabra.

En las Clases Pasivas, la viudedad se extingue “cuando el beneficiario contraiga matrimonio”, aunque la convivencia real no arranque hasta meses después por trámites de visado e inscripción.

El Supremo aclara que el acceso a esta modalidad requiere un acuerdo novatorio entre las partes y que el mero "fomento" en la negociación colectiva no supone un derecho automático para el empleado.

La justicia determina que sus lesiones son lo suficientemente graves para seguir desarrollando su profesión de jefe de taller, en contra de lo que defendía la Seguridad Social.

La subida alcanza el 7% en las mínimas y el 11,4% en las no contributivas y el ingreso mínimo vital.

Adelantar la edad ordinaria de jubilación es posible, pero la Ley General de la Seguridad Social establece unos coeficientes reductores que pueden llegar hasta el 21% sobre la cuantía.

La Seguridad Social ha incluido 11 nuevas patologías que permitirán a los trabajadores afectados poder reducir su edad ordinaria de jubilación hasta los 56 años.

El tribunal explica que el abono del coste de la Seguridad Social carece de causa una vez que el trabajador adquiere la condición de pensionista, por lo que la justicia entiende que debe reintegrar el dinero a la empresa.

UPTA, además de esta brecha, ha querido advertir de la aceleración de jubilaciones que está registrando el RETA sin relevo generacional.

La pensión de jubilación media sube y llega a los 1.566,8 euros mensuales y la pensión de viudedad se sitúa en los 972,8 euros al mes.

El funcionario de la Seguridad Social explica dos efectos de la revalorización de las pensiones. El primero es que el umbral del copago farmacéutico sigue congelado desde 2012y el segundo es que la pensión, por ley, se trata como renta del trabajo.

El artículo 222 de la Ley General de la Seguridad Social contempla una "segunda oportunidad" para aquellos viudos y viudas que cumplen todos los requisitos menos el del tiempo de convivencia legal. Cobrarán la misma cuantía, pero con un límite de dos años.

El abogado avisa de que el informe médico de síntesis es la base sobre la que decide el INSS y el documento que más pesa si el caso termina en un juicio.

En el caso de no presentar la declaración, la Seguridad Social puede suspender el abono de la pensión de forma temporal, que se podrá volver a reactivar con efectos retroactivos de hasta tres meses.

El artículo 223 de la Ley General de la Seguridad Social establece que esta prestación es plenamente compatible con cualquier renta del trabajo, por lo que el beneficiario no sufrirá recortes ni perderá la paga al firmar un contrato laboral.

Tras la muerte del pensionista en 2001, la Seguridad Social continuó ingresando el dinero por error en la cuenta de la viuda. Al fallecer esta 15 años después, la Seguridad Social intentó reclamar la deuda a los tres hijos del matrimonio, siendo anulado por la justicia.

Se trata del profesiograma, un informe que elabora la empresa y que este abogado tacha de “fundamental”, especialmente para la incapacidad permanente total.

La justicia, en contra de lo que defendía el INSS, determina que el cuadro psicopatológico de la mujer le impide realizar cualquier actividad laboral con un rendimiento mínimo.

El afectado comenzó a cotizar a los 14 años, pero, tras jubilarse anticipadamente, ha sufrido un recorte de más del 10% de su pensión.

La jubilación anticipada involuntaria permite adelantar la edad ordinaria hasta cuatro años, pero es obligatorio demostrar mediante transferencia bancaria que se ha cobrado la indemnización o, en su defecto, haber interpuesto una demanda judicial contra la empresa, tal y como exige el artículo 207 de la LGSS.

La formación registra en el Congreso una iniciativa para que un colectivo “altamente feminizado” acceda a coeficientes reductores por penosidad y riesgo, como prevé la Seguridad Social para trabajos “tóxicos, peligrosos o insalubres”

Si el trabajador tiene la edad ordinaria de jubilación y los años cotizados necesarios, el INSS no reconocerá una incapacidad permanente por enfermedad común, obligando al afectado a solicitar la pensión de jubilación, según el artículo 195.1 de la LGSS.

El Tribunal Supremo avala que el plazo para reclamar cobros indebidos comienza cuando la administración descubre el fraude y no cuando concede la ayuda.

La falta de planificación financiera de cara a un futuro, deja a muchos jubilados dependiendo de pensiones que apenas cubren los gastos básicos.

El tribunal explicó que la mujer padece secuelas graves y linfedema pero considera que su estado físico le permite desarrollar tareas sedentarias que no exijan gran esfuerzo físico.

El tribunal explica que las pensiones que cobraban estos jubilados, tanto de la Organización Mundial del Turismo (OMT) como la de Reino Unido, estaban exentas de IRPF, prohibiendo a Hacienda exigir el pago en España.

La mujer trabajaba también de agricultura y la justicia considera que sus patologías le impiden realizar las funciones habituales de ambas profesiones.

Sobrevive con una pensión de 800 euros y comparte piso con otras 12 personas. ¿El motivo? Necesita vivir cerca del hospital para su quimioterapia. Una cruda realidad que refleja la crisis de vivienda que hay en España.

La Seguridad Social ingresa las pensiones a mes vencido (entre el 2 y el 4 de marzo), mientras que la mayoría de entidades bancarias adelantará el cobro entre los días 20 y 25 de febrero.

La falta de ingreso de cuotas durante casi 10 años obliga a la empresa a responder y pagar parte de la pensión, aunque la Seguridad Social adelantará el pago mensual para proteger a la pensionista.

La cuantía de la pensión de jubilación depende la base de cotización de las últimas nóminas y del total de años cotizados. Esta es la pensión que cobrarás si has cobrado una nómina entre los 1.500 y los 2.000 euros.

El funcionario explica que la solicitud es obligatoria y presentarla tarde tiene penalización en la retroactividad.

Aunque la Seguridad Social en un principio se la denegó, la justicia confirma que sus lesiones le hacen beneficiaria de una incapacidad permanente total para su profesión.

La jubilación anticipada a los 61 años solo se concede cuando el cese laboral es por causa ajena a la voluntad del trabajador, y siempre que se cumpla un requisito imprescindible.

Cotiza más de 55 años a la Seguridad Social, le deniegan la pensión de jubilación a los 65 años por no cumplir con la carencia específica y el Supremo se la concede a los 71 años

La pensión mínima de Gran Invalidez con cónyuge a cargo se fija en 26.385,80 euros anuales, mientras que la pensión máxima del sistema alcanza los 47.034,40 euros anuales.

Aunque el trabajador buscaba la incapacidad permanente absoluta, el tribunal le ha reconocido la total para su profesión habitual, ya que todavía es apto para tareas más livianas.

La Seguridad Social exige que la pensión resultante tras aplicar recortes, sea superior a la pensión mínima.

La Seguridad Social tiene la potestad legal para modificar el grado de tu incapacidad permanente si tu situación médica o laboral ha cambiado.

El Tribunal explica que la viuda ya convivía con su pareja antes del matrimonio, por lo que era injusto que la Seguridad Social denegará la pensión de viudedad.

El Tribunal Supremo confirma que el requisito de los seis meses de inscripción debe cumplirse de forma estricta y que el "despiste" del trabajador no justifica flexibilizar la ley

El Tribunal Supremo valida la situación asimilada al alta de un trabajador tras un paréntesis de pocos días provocado por un contrato que la propia Seguridad Social anuló posteriormente.