
Las asociaciones de afectados y los sindicatos continúan mostrando su desacuerdo con las propuestas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el reglamento del fondo de compensación de las víctimas del amianto.
Tras la reunión mantenida el 12 de marzo con el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, los representantes de la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), UGT y CCOO valoran los avances en los procedimientos de solicitud de indemnización, pero consideran insuficientes las propuestas sobre las cuantías económicas y la exención fiscal de las compensaciones.
Cabe recordar que fue el 5 de octubre de 2022 cuando se aprobó la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, donde se recogía un plazo de 3 meses para tener un reglamento que regulara la cuantía de las indemnizaciones, las condiciones para acceder al fondo o el procedimiento para cursar las peticiones. Sin embargo, varios años después, este plazo se ha incumplido y todo esto no se ha materializado. Además de que hay discrepancias con los sindicatos.
Diferencias en torno a indemnizaciones y fiscalidad
El encuentro, celebrado en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tenía como objetivo informar sobre el estado del reglamento de la Ley 21/2022, que regula la creación del fondo de compensación para las víctimas del amianto. La reunión daba continuidad a la celebrada el pasado 6 de febrero con la ministra Elma Saiz, en la que se acordó analizar las alegaciones presentadas en julio de 2023 por FEDAVICA, UGT y CCOO.
Durante la reunión, el secretario de Estado informó de que se han superado varios trámites para la aprobación del reglamento, lo que acerca su envío al Consejo de Ministros para su ratificación definitiva. También confirmó que algunas de las peticiones de las organizaciones han sido incorporadas al borrador, mejorando los trámites administrativos para la solicitud de indemnizaciones. Sin embargo, los sindicatos y asociaciones critican que los dos puntos más relevantes –las cuantías de las compensaciones y la exención del IRPF– no han recibido una respuesta satisfactoria.
El Gobierno argumenta que el impacto del fondo en las cuentas de la Seguridad Social, junto a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y la incertidumbre sobre su aprobación para 2025, dificultan la concesión de la exención fiscal. En cuanto a las indemnizaciones, el borrador del reglamento solo contempla un aumento limitado para una única patología, una medida que las organizaciones consideran insuficiente.
Reclamaciones de afectados y sindicatos
Las organizaciones han expresado su malestar por la falta de exención fiscal para las indemnizaciones del fondo, cuando sí se aplica a otros colectivos. También critican que las cuantías propuestas siguen estando por debajo de las que actualmente fijan los tribunales, que además están exentas del IRPF. El pasado mes, también criticaron que los familiares de los ya fallecidos por amianto eran excluidos de las ayudas.
FEDAVICA, UGT y CCOO recuerdan que la Ley 21/2022 prevé la subrogación del derecho de litigar a favor del Estado, lo que permitiría al Gobierno recuperar parte de los fondos destinados a las indemnizaciones y, por tanto, reducir su impacto en las cuentas públicas.
Ante la falta de acuerdo, las partes han fijado un compromiso para celebrar una nueva reunión en las próximas semanas, con el objetivo de estudiar las reclamaciones y analizar posibles avances en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado.
España, el cuarto país con más fallecidos por exposición al amianto en el trabajo
Según los últimos datos de Eurostat, relativos a 2021 y recopilados por EFE, España es el cuarto país de la UE con más casos de fallecimientos por la exposición al amianto en el puesto de trabajo, con 212 casos de un total de 2.380 en el conjunto de la Unión Europea. Si nos fijamos en el histórico, desde 2011 se han registrado 2.487 muertes de trabajadores atribuidas al amianto en nuestro país, de un total de 32.829 de toda la UE.
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