El lío judicial por el cobro indebido e ilegal del equipaje de mano en los aviones, que fue abierto en España y que afecta a las principales aerolíneas de bajo coste, se extiende ya por toda Europa. Tanto es así que en Bruselas ya son conocedores del caso. Y es que hasta 7 aerolíneas, entre ellas Ryanair, Vueling e EasyJet, siguen cobrando en este mismo mes de mayo la maleta de mano en la cabina de viajeros.
Por este motivo, la Organización Europea de Consumidores (BEUC) ha cumplido con su advertencia de denunciar ante la Comisión Europea a un ramillete de compañías aéreas que llegan a incluir entre sus tarifas el equipaje que el viajero lleva consigo al embarcar. Esta federación de asociaciones de usuarios, junto a 16 de sus organizaciones de 12 países de la Unión Europea, ha escalado hasta Bruselas la batalla que se libra desde hace años entre el Ministerio de Consumo y las low-cost.
EasyJet, Norwegian, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling y Wizzair aplican cargos adicionales
Como indican en un comunicado, se refieren a las compañías EasyJet, Norwegian, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling y Wizzair, que operan en la UE, aplican cargos adicionales por transportar el equipaje de mano, algo que estas organizaciones de consumidores consideran ilegal conforme a la jurisprudencia europea.
El Tribunal de Justicia de la UE, en su sentencia sobre el 'caso Vueling' de 2014, ya fijó que las compañías aéreas no pueden cobrar suplementos por el equipaje de mano, ya que este “debe considerarse, en principio, un elemento indispensable del transporte de los pasajeros y que su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un suplemento de precio", siempre que cumpla con las exigencias "razonables" de peso y tamaño y cumpla con normas de seguridad.
Entre las organizaciones de consumidores que han participado en esta denuncia están las españolas CECU y Asufin, y otras de países como Francia, Portugal, Alemania, Grecia, Chequia y Países Bajos.
Consumo ya impuso multas a estas aerolíneas por 179 millones de euros
Las aerolíneas, que no niegan que hay otras sentencias favorables a los pasajeros, entienden que se pone en entredicho la sanción impuesta por Consumo. A este respecto, recuerdan también que el procedimiento seguido por el Ministerio de Consumo, que impuso una multa de 179 millones de euros el pasado mes de noviembre a cinco aerolíneas, ha suscitado dudas por la propia Comisión Europea, como pone de relieve el hecho de que Bruselas haya pedido al Gobierno aclaraciones para determinar si el procedimiento seguido es correcto, proceso conocido como EU Pilot.
En España, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha replicado a esta denuncia europea recordando que la sentencia europea a la que hace referencia "no está centrada en el equipaje de mano" y que, por el contrario, existen "más de 40 sentencias" de los tribunales españoles que avalan la política en materia de equipaje de las aerolíneas. Todo en cumplimiento de una sentencia de 2008 del Tribunal de Justicia de la UE, que les obliga a garantizar un equipaje de mano gratuito a sus pasajeros, pero solo hasta determinadas dimensiones, por motivos de seguridad.
Ryanair es la compañía más denunciada por los usuarios
Este es precisamente el argumento que emplea Ryanair, y por el que fue sancionado por Consumo. Fue recurrida por las aerolíneas en un proceso que sigue su curso y sobre el que todavía no ha habido una resolución judicial que será la que fije cómo proceder.
En el pasado 2024 fue la OCU la que recibió 1.139 quejas sobre la compañía Ryanair en la plataforma Reclamar. Una de cada cinco tenían que ver con el equipaje de mano.
De manera similar, Facua-Consumidores en Acción lanzó una campaña para denunciar los "fraudes masivos" de Ryanair. La organización destaca que esta es la aerolínea más denunciada por los usuarios en el último año.
Asimismo, la asociación puso en marcha una plataforma de afectados por el recargo del equipaje de cabina y otras irregularidades del sector aéreo, como la negativa a abonar a los pasajeros las compensaciones de entre 250 y 600 euros que marca la normativa europea cuando se producen cancelaciones y retrasos de más de 3 horas en llegar a destino.
