España pide y Bruselas responde. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cerró la pasada semana la solicitud anual de fondos para sostener la producción agrícola y la cuantía aprobada asciende a 413 millones de euros, un 5,8% por encima de la cifra que recibió en 2025. La asignación cubre los programas operativos (los planes plurianuales de inversión y gasto que cada cooperativa diseña para varios ejercicios) de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (las llamadas OPFH, agrupaciones de cooperativas y empresas hortofrutícolas reconocidas oficialmente para defender los intereses de sus socios en el mercado) y de sus asociaciones para todo el ejercicio 2026. Un reparto de dinero que llega justo en un momento en el que la Unión Europea se ha consolidado como el primer mercado de frutas y hortalizas en el mundo.
La inyección también llega en un momento sensible para el campo español, en plena oleada de protestas por el aumento de los costes de producción que tarde o temprano acaba pagando el consumidor en el supermercado, donde el precio de la fruta y la verdura no deja de subir como vemos reflejado en los datos del IPC de meses anteriores.
España vuelve a quedarse con la mayor parte del pastel. El 33% de toda la dotación europea destinada al sector hortofrutícola termina en cooperativas y empresas españolas, una posición de cabeza que se mantiene desde 1997, según los datos del propio Ministerio, y que solo se acercan parcialmente Italia, segundo perceptor con un 29%, y Francia, que se queda en el 15%.
La ayuda llegará a 407 organizaciones de productores repartidas en 15 comunidades autónomas. Los principales beneficiarios son Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Extremadura y Navarra, las regiones que concentran la mayor parte del valor de la producción comercializada en el conjunto del país.
La cifra de 413 millones es una previsión inicial que el Ministerio fija a comienzos de cada anualidad y que depende de los programas operativos que vayan aprobando las comunidades autónomas. De ese total, alrededor del 85% procederá directamente de fondos europeos; el resto se cubrirá con las aportaciones de las propias organizaciones y de sus miembros.
Según el MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), la tendencia ha sido siempre creciente desde que se aplica este régimen de ayudas en España, hace casi tres décadas, tanto en lo que se concede como en lo que finalmente se ejecuta. Y hay un detalle relevante para 2026. Por primera vez, todos los programas operativos se desarrollarán al amparo del Reglamento de los Planes Estratégicos de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, según recoge la nota oficial del Ministerio de Agricultura.
En qué pueden gastar las cooperativas estos fondos
El régimen está articulado por el Reglamento (UE) 2021/2115 y se desarrolla en el Reglamento Delegado (UE) 2022/126 de la Comisión Europea. El mecanismo es sencillo en su esquema. Las OPFH y sus asociaciones constituyen un fondo operativo, que es la caja común nutrida con la aportación europea y con la contribución que pone cada cooperativa, y desde ese fondo financian las actuaciones que prevé su programa plurianual.
El abanico admitido es amplio. Cabe la mejora de infraestructuras de producción y comercialización, la inversión en calidad y medio ambiente, la investigación de métodos de producción innovadores, la formación y el asesoramiento técnico, así como la prevención de crisis y la gestión del riesgo.
Bruselas asume por defecto el 50% del coste, porcentaje que puede subir al 60%, al 80% o incluso al 100% en los supuestos previstos por el reglamento. El tope general queda en el 4,1% del valor de la producción comercializada por cada entidad, es decir, del volumen total de fruta y verdura que factura cada cooperativa, un techo que también es ampliable cuando se trata de organizaciones transfronterizas o de proyectos alineados con determinados objetivos comunitarios.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación defiende este modelo como pieza central de su política sectorial. Las OPFH son las que ordenan la producción nacional con arreglo a la demanda real, generan tejido económico en el medio rural y refuerzan la posición de los productores frente a los grandes operadores de la cadena agroalimentaria. Con los 413 millones previstos para 2026 y con el liderazgo del 33% del total europeo consolidado desde hace casi treinta años, España aparca, al menos sobre el papel, la incertidumbre presupuestaria del sector hortofrutícola para todo el ejercicio.
