Cuánto subirán las pensiones de los funcionarios para 2022

Este 2021 es la primera vez que el Gobierno calcula la revalorización de las pensiones en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una subida que con anterioridad se hacía bajo un interés fijo de mejora que se revisaba todos los años. Teniendo en cuenta este barómetro, con una subida del IPC del 5,5% en noviembre, se estima una pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios que ya se está denunciando desde los sindicatos.

En concreto, tal como se fijó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la subida a los empleados públicos se ha fijado en un 2%, aplicándose a los funcionarios de la Administración General del Estado. Se trata de un porcentaje que, a vistas de organismos como la Unión Sindical Obrera (USO), es insuficiente. Más teniendo en cuenta el incremento de los precios de los últimos meses, que están alcanzando repuntes que no se veían desde 2008, uniéndose también al encarecimiento de la electricidad. 

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Pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios 

Esta subida del IPC, la más alta de los últimos 30 años, hará que los funcionarios vuelvan a sufrir una pérdida del poder adquisitivo. Ya lo van a hacer este 2021, algo que no ocurría desde 2013, consecuencia de la subida de los precios, y volverá a ocurrir el próximo 2022. Se repetirá de nuevo esta situación debido a que la mencionada subida del 2% de los funcionarios será insuficiente teniendo en cuenta la tasa de inflación media anual, calculada en torno al 2,6%, si bien a finales de año será del 1,1%. 

Además, a diferencia de los pensionistas, los trabajadores del Estado no cuentan con el derecho a recibir una paguilla que compense la pérdida de poder adquisitivo, en caso de que la inflación suba más de lo estimado. Así se recogió en la reforma de las pensiones, eliminándose esta aplicación para los funcionarios públicos. La respuesta de los sindicatos no se ha hecho de esperar, reclamando que se vuelva a establecer un plan plurianual de incrementos salariales. 

Al respecto, las organizaciones sindicales exigen al menos una subida salarial del 3,5%, para como mínimo evitar que los empleados públicos vuelvan a perder poder adquisitivo. En relación con los sueldos, desde los sindicatos también demandan que se produzca la prometida subida del Salario Mínimo Interprofesional. En este caso, hablamos de una medida que se prevé que se comience a negociar en enero de 2022, según manifestó la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz. Cabe recordar que este no llega todavía a los 1.000 euros, por debajo de lo que aconsejan desde Europa.