El Ingreso Mínimo Vital (IMV) apareció en plena pandemia sanitaria por el coronavirus cuando miles de personas perdieron sus trabajos, sus empresas y su foco de entrada de ingresos en casa. Por eso, el catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, José Luis Monereo, lo califica en un estudio publicado por la revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social en marzo de 2026 como “un avance histórico”, aunque recomienda que suban las cantidades a pagar de modo que permita “aproximarse a un nivel de vida digno”.
Señala que, aunque llega a muchos hogares todos los meses, esta ayuda de la Seguridad Social sigue “dejando fuera a colectivos vulnerables”. El informe, que ya se puede leer en la publicación ya citada, analiza cómo está configurado el IMV, esto es, como una prestación no contributiva, y defiende su consolidación como quinto pilar del Estado de bienestar.
El autor resalta que esta ayuda económica de subsistencia para paliar la pobreza tiene una gran importancia y destaca que garantiza una protección homogénea en todo el territorio español, superando las diferencias actuales que se pueden ver entre las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas. A pesar de eso, considera que es necesario “avanzar hacia una renta mínima garantizada más completa, con mejores cuantías y una cobertura más amplia”.
Pide subir las cantidades que se pagan de Ingreso Mínimo Vital
Uno de los aspectos que más ha analizado el autor es el de la cantidad que se paga actualmente con el IMV. Monereo considera que “debería permitir algo más que cubrir las necesidades básicas de subsistencia y aproximarse a lo que realmente sería un nivel de vida digno”.
Por el contrario, la prestación mantiene una intensidad “mínima” concentrándose principalmente en aquellos hogares en los que se vive en situación de “necesidad extrema” de modo que, por esto, “estaría lejos de cumplir plenamente el objetivo de integración social que debería acompañar a una política estable de garantía de ingresos”.
Propone que se revisen al alza las cuantías a cobrar y que se reorganicen las prestaciones no contributivas y asistenciales de la Seguridad Social, un trabajo en el que se debería coordinar el cobro del Ingreso Mínimo Vital con el de otras ayudas familiares, las rentas mínimas autonómicas y cualquier mecanismo que tenga riesgo de solaparse.
Explica que la cuantía mensual del IMV se calcula empleando la diferencia entre la renta garantizada por cada tipo de hogar y los ingresos obtenidos por el beneficiario o la unidad de convivencia. Un derecho que sólo se reconoce cuando el resultado es igual o superior a 10 euros al mes.
Este sistema permite que se adapte la ayuda a la composición del hogar, pero refuerza un “carácter condicionado” limitando el alcance frente a modelos universales como la renta básica.
Los trámites administrativos hacen que sea menos accesible
Otro de los grandes problemas a los que se enfrentan los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital aparece a la hora de presentar la solicitud. El estudio asegura que los procedimientos administrativos terminan convirtiéndose en una barrera que “intimida, estigmatiza y desincentiva a las personas con derecho a cobrar el IMV”.
Aunque desde que comenzó a pagarse esta prestación la Seguridad Social ha introducido mejoras, estas no son suficientes. “Sigue siendo una ayuda especialmente compleja de gestionar”, afirma. El reconocimiento y el control “corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social” sin perjuicio de la participación de las CCAA mediante convenios, señala.
Pero, además, encuentra “vacíos de cobertura” como, por ejemplo, la atención a las personas migrantes que no tienen residencia legal, “a pesar de que algunos de ellos desarrollan trabajos precarios y forman parte del colectivo llamado de trabajadores pobres”.
Posteriormente, se cuestiona esta exclusión desde el punto de vista del principio de igualdad de derechos sociales. Avisa de que los jóvenes y los mayores de 52 años tienen muchos problemas para acceder a un subsidio o una ayuda cuando quedan fuera del mercado de trabajo o dependen económicamente de sus padres.
El hecho de que el Ingreso Mínimo Vital se calcule solo teniendo en cuenta la unidad de convivencia puede esconder que también es un derecho individual. “Esto podría generar pocos incentivos para formar una unidad familiar y convivencial”.
El IMV “no impide trabajar”
El estudio recuerda que cuando se está cobrando el Ingreso Mínimo Vital se puede trabajar, ya que el modelo está pensado para compatibilizar la prestación con determinados ingresos laborales o procedentes de un trabajo por cuenta propia, dentro de los límites que aparecen en los requisitos de la ayuda.
La idea es la de impedir que conseguir un empleo genere la pérdida inmediata de la prestación y genere la llamada “trampa de la pobreza”. Para Monereo, “la prestación económica debe estar acompañada de políticas activas de empleo, formación profesional y medidas que faciliten la incorporación al mercado laboral”.
Así, el IMV dejaría de verse solo como una ayuda económica y pasaría a ser una herramienta para abandonar una situación de exclusión y pasar a una de participación social y laboral.
El catedrático concluye que la prestación debería quedar consolidada dentro de la LGSS (Ley General de la Seguridad Social) como una medida permanente financiada por el Estado y que no esté sometida a cambios coyunturales.
