Ese gesto tan común de dejar al perro atado a una farola, en el árbol más cercano o a la barandilla mientras entramos un momento a comprar el pan o la leche ya es, oficialmente, motivo de sanción. Con la plena aplicación de la Ley de Bienestar Animal en este 2026, la normativa es clara: los animales de compañía no pueden permanecer solos en espacios públicos sin la supervisión de su responsable.
La prohibición se recoge de forma específica en el Artículo 27.d, que veta el mantenimiento de animales "atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado". El objetivo es evitar situaciones de estrés para el animal, posibles robos o incidentes con transeúntes.
¿A cuánto asciende la multa?
La cuantía de la sanción varía según cómo califiquen los agentes la situación, pero las cifras son contundentes:
- Infracción leve: Si se considera una simple inobservancia de la norma sin daños para el animal, la multa oscila entre los 500 y los 10.000 euros. En ciudades como Vigo, ya se han notificado las primeras sanciones de 500 euros por este motivo.
- Infracción grave: Si la policía considera que dejar al perro atado constituye un "abandono en condiciones de riesgo", la multa salta a una escala mucho mayor: de 10.001 a 50.000 euros.
Dado que la vigilancia depende de las Policías Locales de cada ayuntamiento, el rigor en la aplicación puede variar según la zona, aunque la tendencia nacional es de "tolerancia cero" para fomentar la tenencia responsable.
Un país de mascotas: más perros que niños
Esta medida afecta a una parte inmensa de la población. En España, casi la mitad de los hogares (entre el 43% y el 49%) convive con un animal. La población de mascotas supera ya los 24 millones, de los cuales más de 9 millones son perros. De hecho, en muchas ciudades españolas ya hay censados más canes que niños menores de 14 años.
A pesar de este volumen, la sombra del abandono sigue siendo el gran reto pendiente: cada año se abandonan en España más de 300.000 animales, una de las tasas más altas de toda la Unión Europea. Con normativas como esta, el Gobierno busca reducir el riesgo de pérdida y desamparo, aunque sea por unos pocos minutos en la puerta de un comercio.