A pocos días de la publicación en el BOE de la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 para la Administración General del Estado (AGE), la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha animado a los funcionarios a denunciar malas prácticas e irregularidades para proteger los servicios públicos. La organización defiende que esta labor exige “un compromiso activo” con la integridad institucional.
En un comunicado recogido por Europa Press, la organización ha advertido de que determinadas conductas que afectan al funcionamiento de las instituciones “no pueden normalizarse ni asumirse con resignación” y ha defendido que la profesionalidad de los funcionarios no se limita únicamente al desempeño diario de su trabajo.
Según Fedeca, la función pública también implica “no mirar hacia otro lado” cuando se detectan posibles irregularidades como corrupción, malversación, discriminación, acoso laboral o sexual, edadismo o incumplimientos relacionados con la accesibilidad y la conciliación laboral.
Canales confidenciales para denunciar irregularidades
La federación ha recordado que los empleados públicos cuentan con herramientas específicas para comunicar este tipo de situaciones con garantías de confidencialidad y protección.
Entre ellas destaca el denominado canal del informante, habilitado en las intranets de ministerios y organismos públicos, que permite trasladar denuncias relacionadas con malas prácticas dentro de la Administración.
Además, Fedeca señala que tanto las asociaciones profesionales como las organizaciones sindicales pueden ofrecer orientación y asesoramiento a quienes decidan informar sobre este tipo de hechos.
La organización también recuerda la posibilidad de acudir a la Autoridad Independiente de Protección del Informante para presentar denuncias vinculadas a posibles irregularidades.
Defensa de la función pública y de la calidad democrática
Fedeca sostiene que la mayoría de los empleados públicos representan “el principal dique de contención frente a la arbitrariedad, el abuso y la corrupción” y considera que reforzar la función pública profesional es clave para proteger el interés general.
En este sentido, la federación defiende que mejorar los mecanismos de integridad institucional y facilitar la denuncia de irregularidades contribuye también a fortalecer la calidad democrática y la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.