La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha elevado el tono contra el Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz para denunciar un “deterioro” del diálogo social y avisar de la “grave situación” por la que pasan las pymes españolas. La organización empresarial considera que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo en materia laboral y regulatoria están incrementando la presión sobre un tejido productivo formado en un 99% por pequeñas y medianas empresas.
En un comunicado, la patronal de Ángela de Miguel mantiene que la exclusión de las organizaciones empresariales en determinados debates “muestra un desconocimiento de la realidad de las empresas y es un riesgo real para el tejido productivo”. El pronunciamiento llega tras la inclusión por parte del Gobierno del Plan Anual Normativo de 2026 de una ley para regular la representatividad empresarial en el ámbito de las pymes.
La futura norma, según el Ejecutivo, pretende desarrollar las reglas de representación empresarial en el diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas. Cepyme interpreta, sin embargo, que esta iniciativa puede alterar el actual equilibrio en la interlocución social y limitar el peso de las patronales tradicionales.
“No queremos obstaculizar sino defender a las pequeñas y medianas empresas”
La organización empresarial ha apelado al artículo 7 de la Constitución, que reconoce la libertad de organización de sindicatos y asociaciones empresariales, para defender su legitimidad como representante de los intereses de las pymes. “Nuestra posición no es de obstaculización, sino de defensa legítima de las pequeñas y medianas empresas”, sostiene la patronal.
Este enfrentamiento llega en un momento de tensión entre las empresas y el ministerio de Díaz tras la aprobación de medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reducción de la temporalidad derivada de la reforma laboral o las nuevas obligaciones en materia de conciliación y registro horario.
Las organizaciones empresariales ya están avisando desde hace tiempo que en las microempresas faltan estructuras para asumir el coste administrativo y laboral.
Las empresas sufren un exceso de burocracia
Cepyme insiste en que las pequeñas empresas afrontan “desafíos estructurales” que comprometen su competitividad. Entre ellos cita el “exceso de burocracia”, la “sobrerregulación”, el aumento de los costes laborales y operativos y la incertidumbre normativa. A juicio de la patronal, estos factores reducen los márgenes empresariales y dificultan tanto la inversión como los procesos de digitalización.
La organización también alerta de una “desconexión” entre la legislación laboral y la realidad cotidiana de las empresas de menor tamaño. “Cada acción que ignora a las pymes pone en riesgo a quienes las mantienen vivas y dan empleo a tantas familias”, afirma el comunicado.
Las pymes representan la práctica totalidad del tejido empresarial español y concentran una parte sustancial del empleo privado. Sin embargo, su menor capacidad financiera y organizativa las hace especialmente sensibles a los cambios regulatorios y a los incrementos de costes. Diversos informes económicos y empresariales vienen señalando en los últimos años que las microempresas españolas presentan menores niveles de productividad y digitalización que las grandes compañías europeas, una brecha que se amplía en contextos de elevada inflación y encarecimiento financiero.
Cepyme pide “más transparencia al Gobierno”
Ante este escenario, Cepyme reclama al Gobierno un diálogo social “efectivo y transparente” y exige medidas “diferenciales y proporcionales” para las pequeñas empresas. Entre sus propuestas figuran incentivos fiscales, simplificación administrativa y programas de acompañamiento para la digitalización.
La patronal concluye que las decisiones regulatorias deben tener en cuenta la dimensión y capacidad real de las empresas para evitar, sostiene, un deterioro de la inversión, la competitividad y la estabilidad económica.