Ya se ha retomado el curso político y el Ministerio de Trabajo lo hace con una amplia lista de ‘tareas pendientes’. La más inminente, tras los ultimátums reiterados de los sindicatos, es la reforma del registro horario. Tanto CCOO como UGT han asegurado que no van a volver a sentarse en una mesa de diálogo social hasta que el Gobierno no apruebe esta medida en Consejo de Ministros.
El pasado mes de julio, antes del parón veraniego, los ministerios de Trabajo y Economía acordaron aprobar el real decreto que contiene la reforma este mes de septiembre. Ahora bien, desde el departamento de Yolanda Díaz, también habían afirmado que esta norma estaría aprobada antes de verano, algo que no ocurrió.
De aprobarse este real decreto, los registros pasarán a ser obligatoriamente digitales y accesibles en remoto para los trabajadores, los representantes sindicales y la Inspección de Trabajo. Es decir, que se podrá acceder ‘online’ en cualquier momento a los registros. Gracias a ello, entre otros objetivos, Trabajo pretende frenar las horas extraordinarias sin remunerar, estimando que cada semana se hacen más de 2,8 millones de horas extra sin pagar.
Además, se deberán registrar todos los tipos de jornada (ordinarias, extraordinarias, flexibles y horas complementarias en el tiempo parcial) para comprobar si se cumplen los límites de jornada y los descansos mínimos. Otro cambio es que no se podrán modificar los apuntes realizados en el registro sin el consentimiento de los trabajadores.
Otras medidas ‘pendientes’ del Ministerio de Trabajo
A continuación, se enumeran los principales proyectos que tiene entre manos el Ministerio de Trabajo. Cabe señalar que no todos ellos se encuentran en el mismo punto, mientras que en algunos ya existe un anteproyecto, en otros casos solo existen borradores o incluso se trata de anuncios.
Ley de transparencia salarial
Realmente, se trata de la transposición de la Directiva (UE) 2023/970 de transparencia salarial, con la que se pretende acabar con la brecha salarial de género. Este mes, Trabajo publicó en audiencia pública el Proyecto de Real Decreto que modificará el RD 902/2020 para incorporarla a nuestro ordenamiento jurídico, si bien parcialmente.
No se trata del texto definitivo y, de hecho, se encuentra en plenas negociaciones con los agentes sociales. Sin embargo, permite conocer cuáles son las intenciones principales. Entre las principales medidas (las claves se pueden ver aquí), los trabajadores tendrán derecho a solicitar por escrito información sobre su sueldo y sobre las retribuciones medias, desglosadas por sexo, de su mismo grupo, categoría, nivel profesional, o de quienes realicen trabajos de igual valor. Las empresas tendrán un máximo de dos meses para responder y deberán explicar los criterios objetivos que utilizan para fijar salarios y progresiones retributivas.
Además, todas las empresas deberán contar con un registro salarial (esto ya está vigente) donde se recoja, desglosadas por sexo, la media aritmética y la mediana del salario percibido realmente (salario base, complementos salariales y extrasalariales), tanto en cómputo anual como por hora de trabajo.
A partir de 50 trabajadores, la empresa deberá realizar auditorías retributivas. Cuando exista una diferencia de un 25% o más en la media o la mediana de las retribuciones totales de un sexo, la empresa deberá incluir una justificación en el registro salarial. Además, estas empresas deberán establecer un plan para corregir las desigualdades salariales que no estén justificadas, con un plazo máximo de seis meses.
Reforma de la ley de prevención de riesgos laborales
El pasado abril, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero solo podrá entrar en vigor cuando complete su tramitación parlamentaria y se apruebe en las Cortes.
La principal novedad del texto es que se incluye de forma expresa los riesgos psicosociales dentro de la prevención de riesgos laborales, de modo que las empresas deberán evaluar y prevenir factores como el estrés, la fatiga mental, las jornadas prolongadas, los ritmos de trabajo elevados o la sobrecarga laboral.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley (si llega a aprobarse), se deberá aprobar un reglamento de desarrollo sobre la protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente a los riesgos psicosociales que abordará, entre otras cuestiones, la promoción de entornos de trabajo saludables y la prevención de la conducta suicida.
Otro cambio es que será obligatorio designar agentes territoriales de prevención de ámbito autonómico que llevarán a cabo la prevención en las empresas de menos de 10 personas trabajadoras. Estarán designados por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de cada sector.
Estatuto del becario
A principios de marzo, el Gobierno también aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de ley del ‘Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa’, más conocido como el Estatuto del Becario. Una aprobación que se produce dos años después de que el Ministerio de Trabajo firmara y presentara esta norma con los sindicatos (sin la patronal) y que debe ser aprobado en las Cortes.
Actualmente en tramitación parlamentaria, uno de los principales cambios es que las empresas o las entidades donde se desarrollen las actividades formativas deberán compensar los gastos de los alumnos, cubriendo como mínimo los gastos derivados de la actividad formativa así como los de desplazamiento, alojamiento o manutención.
También se han limitado las prácticas curriculares y extracurriculares así como el número de personas en formación que pueden tener las empresas. Los ‘becarios’ podrán suponer como máximo el 20% total de la plantilla, a excepción de las pymes, que sí podrán contar con dos becarios sin atender a este porcentaje (aquí puedes conocer más en profundidad las medidas del estatuto).
Reglas de absorción de pluses del SMI
También en marzo, Trabajo inició los trámites para transponer la Directiva Europea UE 2022/2041 de salarios mínimos, sacando a audiencia pública el Real Decreto que desarrollará dicha transposición. En este, se establece que no se podrán absorber los complementos determinados por la naturaleza propia de la actividad del trabajador, los ligados a la naturaleza del trabajador, los que incentiven su labor o los que prevea la negociación colectiva.
Estos son los pluses de nocturnidad, toxicidad, penosidad, peligrosidad, turnicidad o disponibilidad; los de antigüedad, formación o residencia; los incentivos, las primas de productividad o las comisiones; y aquellos cuyo carácter no compensable esté previsto en los convenios colectivos aplicables. De esa forma, a la hora de ver si se llega al Salario Mínimo Interprofesional, las empresas no podrán contar todos estos pluses. Algo que, ahora mismo, sí es posible.
Nuevos permisos retribuidos
El Ministerio de Trabajo se ha propuesto ampliar los permisos retribuidos relacionados con el fallecimiento y los cuidados paliativos, e incorporar un nuevo permiso de un día para acompañar a personas que vayan a recibir la eutanasia.
En ese caso, se trata solo de medidas anunciadas, no están aprobados ni están recogidos de momento en ningún proyecto. Según lo anunciado en su día, el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad se ampliará a 10 días, frente a los dos actuales. Además, podrá disfrutarse de forma flexible (en días continuos o discontinuos) durante las cuatro semanas posteriores al fallecimiento.
Por su parte, se crearía un permiso de 15 días para cuidados paliativos y otro de un día para acompañar en un proceso de eutanasia.
Reforma del despido
Es una de las mesas de negociación que tiene abiertas el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales. En la última reunión, los sindicatos CCOO y UGT entregaron su propuesta al departamento de Yolanda Díaz, que busca dar cumplimiento a las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).
En esta propuesta, entre otras medidas, ambos sindicatos pidieron incrementar las indemnizaciones tasadas para recuperar su carácter disuasorio; establecer una indemnización mínima; regular la posibilidad de que los tribunales puedan fijar indemnizaciones superiores cuando resulte necesario para reparar el daño causado y acreditado; restablecer el derecho de opción de los trabajadores entre la indemnización o la readmisión, o permitir que la sentencia estime el derecho de opción de la persona trabajadora como forma de reparación más adecuada; y recuperar el abono obligado de los salarios de tramitación en todos los casos.
Otros proyectos que tiene entre manos el Ministerio de Trabajo es el anteproyecto de ley para dar más protección a los trabajadores que denuncien casos de corrupción o infracciones normativas en su entorno laboral o la reforma de la Ley Rider.