El Congreso de los Diputados ha convalidado este mismo jueves el Real Decreto-ley 19/2026, que regula la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas y actualiza las indemnizaciones por residencia de los empleados públicos estatales destinados en Baleares. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, la iniciativa ha salido adelante con 167 votos a favor, 37 en contra y 144 abstenciones.
Durante el debate previo a la votación, según recogen desde Europa Press, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que el decreto supone un "balón de oxígeno" para la Administración y permitirá mejorar las condiciones laborales de miles de empleados públicos.
En este sentido, el Gobierno sostiene que la norma facilitará el relevo generacional en las administraciones, reforzará la planificación de las plantillas y contribuirá a garantizar la prestación de los servicios públicos.
La jubilación parcial se extiende al personal laboral de todas las administraciones
La principal novedad de este decreto es que va a permitir al personal laboral de todas las administraciones públicas acceder a la jubilación parcial mediante contratos de relevo, algo que hasta la fecha no era posible para este colectivo. La norma establece además un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027 para facilitar su aplicación.
Según ha explicado el ministro, esta medida permitirá incorporar nuevos trabajadores de forma gradual, al tiempo que se favorece el relevo generacional y lo que permitirá también que se organicen mejor los recursos humanos en el sector público.
Mejora de las indemnizaciones por residencia en Baleares
Por otro lado, el decreto también incrementa las indemnizaciones por residencia para los empleados de la Administración General del Estado destinados en Baleares. Estas cuantías aumentarán un 100% en Mallorca y más de un 300% en el resto de las islas, con efectos retroactivos desde el 1 de julio, lo que beneficiará, según el Gobierno, a más de 11.000 empleados públicos y permitirá equiparar estas compensaciones a las que ya perciben los trabajadores destinados en Canarias.
Estas actualizaciones, destaca el Ejecutivo, ayudarán a retener profesionales en un territorio donde el elevado coste de la vivienda y de la vida dificulta cubrir determinadas plazas.
Durante su intervención, López destacó que ambas medidas responden a acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales y defendió que el decreto ofrece "soluciones reales, concretas" para mejorar las condiciones de los empleados públicos.