El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros un real decreto-ley que desbloquea la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas, según han informado los diferentes sindicatos. Comenzando por CSIF, ha recordado que era un “derecho bloqueado” de la última reforma en materia de pensiones (RDL 11/2024), derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que “no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas”.
En este sentido, tal y como han explicado en un comunicado, esta última regulación exigía que el relevista fuera indefinido y a tiempo completo, una fórmula incompatible en la práctica con la aplicación de este derecho en la Administración. Ahora, el Ejecutivo ha aprobado la contratación temporal de relevistas para dar solución a este problema.
Se trata de una reivindicación repetida por CSIF que cuando se produjo el bloqueo, acudieron a la justicia, quien determinó que CCOO y UGT “no habían tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones”, y que la tasa adicional en las ofertas de empleo público para contratar relevistas “no es una herramienta adecuada”.
Ante esta situación, el sindicado propuso en el Parlamento enmiendas al citado RDL 11/2024 para permitir seguir realizando contrataciones temporales de relevistas de forma transitoria, hasta que las plazas puedan ser cubiertas definitivamente en las correspondientes ofertas de empleo público. Esto es precisamente lo que se ha aprobado hoy.
La jubilación parcial, pendiente para los funcionarios y personal estatuario
Por su parte, desde CCOO han denunciado que, a pesar de la aprobación de este decreto, el problema “está lejos de resolverse totalmente”, por no haberse recuperado aún la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, tal y como se comprometió el Gobierno en el Acuerdo para una Administración del Siglo XXI.
“Lejos de facilitar su aplicación, el Ejecutivo ha contribuido a bloquearla, por acción u omisión, al incluir esta materia, de manera absolutamente inopinada, en el Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, actualmente paralizado en el Congreso de los Diputados”, han manifestado en un comunicado, donde denuncian que, en la práctica, esto ha supuesto “enterrar temporalmente un derecho comprometido, sometiéndolo a los ritmos y bloqueos parlamentarios, y alejándolo de la urgencia que requiere su aplicación”.
Por ello, han recordado que los acuerdos firmados obligan a las partes, y que el Ejecutivo tiene “la responsabilidad ineludible de remover todos los obstáculos políticos y administrativos que están impidiendo que el personal funcionario y estatutario pueda acceder a la jubilación parcial”. Por este motivo, han asegurado que ya están planificando acciones de presión para obligar al Gobierno a cumplir sus compromisos.
En la misma línea se ha pronunciado UGT que, en otra nota de prensa, ha afirmado que “seguirá presionando” para que la jubilación parcial pueda hacerse efectivo a los funcionarios “a la mayor brevedad posible”. En cuanto al personal estatutario, el sindicato ha reclamado que el anteproyecto de ley recoja “de forma expresa” la posibilidad de acceder tanto a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores como a la jubilación parcial, en cumplimiento de lo firmado en el Acuerdo sobre el Estatuto Marco.
