Reino Unido endurece de 5 a 10 años la ciudadanía y restringe permisos laborales para “no ser un país de extraños”

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes un endurecimiento de las condiciones para acceder a la nacionalidad británica. A partir de ahora, los inmigrantes deberán residir legalmente en el Reino Unido durante 10 años, el doble del plazo actual que era de 5 años, antes de poder solicitar la ciudadanía. La decisión forma parte de una estrategia más amplia para limitar la inmigración, que también incluye requisitos más estrictos en el dominio del inglés y nuevas restricciones al asentamiento automático.

Esta medida viene a acabar con el "fin del fallido experimento de fronteras abiertas" y busca, según Downing Street, fomentar una inmigración más cualificada y comprometida con la economía nacional. Desde ahora, salvo en casos excepcionales en los que se demuestre una contribución real y duradera, los aspirantes deberán esperar una década para optar a la ciudadanía británica, con el fin de reducir la "descontrolada" migración.

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Además, el Ejecutivo ha confirmado que se elevarán las exigencias lingüísticas en todas las vías migratorias, lo que afecta tanto a trabajadores como a estudiantes internacionales.
"El nuevo sistema pondrá fin al asentamiento automático y la ciudadanía para cualquier persona que vivan aquí durante cinco años. En cambio, los inmigrantes deben pasar una década en el Reino Unido antes de solicitar quedarse, a menos que puedan demostrar una contribución real y duradera a la economía y la sociedad", ha señalado el Gobierno en un comunicado.

Un contexto de presión migratoria

Este cambio legislativo anticipa el contenido del Libro Blanco sobre Inmigración, cuya publicación está prevista para esta misma semana. El documento pretende ser el eje de una reforma profunda tras conocerse que la migración neta superó las 900.000 personas en 2023, una cifra que cuadruplica los niveles registrados en 2019.

En este contexto, el Gobierno laborista ha subrayado que los visados han descendido un 40% desde su llegada al poder, y que más de 24.000 personas en situación irregular han sido expulsadas en los últimos meses, lo que representa el mayor volumen de deportaciones en los últimos ocho años.

Reacciones y posibles implicaciones

La oposición política y diversas organizaciones sociales han comenzado a expresar sus primeras críticas, alegando que la medida podría afectar negativamente a la integración de las personas migrantes y generar incertidumbre en sectores como la sanidad o la hostelería, altamente dependientes de mano de obra extranjera.

Por otro lado, sectores conservadores y sindicatos británicos han respaldado el plan, considerándolo un paso necesario para "proteger los empleos nacionales" y reducir la presión sobre los servicios públicos.