Última hora Muface: el Gobierno estudia que los funcionarios elijan sanidad pública o privada una sola vez y para siempre

El Gobierno, a través del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, estudia hacer una reforma del sistema de mutualidad de funcionarios Muface, que actualmente presta asistencia sanitaria a 1,52 millones de empleados públicos y sus familias. La principal medida bajo estudio propone que los beneficiarios de Muface elijan entre sanidad pública o privada de manera definitiva, eliminando así la posibilidad de cambiar cada año, como se permite en el modelo actual.

Según explica El País, medio que ha obtenido la información, la idea es que los empleados públicos cubiertos por Muface puedan optar, una vez y para siempre, entre el régimen común (sanidad pública) o el régimen especial (sanidad privada). Con este cambio, lo que se busca es mejorar la planificación de recursos y garantizar la sostenibilidad del modelo a largo plazo. Esta propuesta, que está en estudio, surge, en gran parte, a la negativa de las principales aseguradoras privadas que operan con Muface —Adeslas, Asisa y DKV— a participar en la nueva licitación del convenio para 2025 y 2026.

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Debido a esta situación, los responsables de Función Pública han querido mandar un mensaje de tranquilidad, ya que ahora mismo hay un convenio el cual expira el 31 de enero de 2025, por lo que todavía hay plazo para llegar a un acuerdo de licitación. Por otro lado, añaden que incluso si la licitación no concluye a tiempo, la Ley de Contratación del Sector Público ofrece mecanismos que aseguran que los mutualistas seguirán recibiendo asistencia sanitaria en las mismas condiciones hasta que el convenio actual sea reemplazado por uno nuevo.

A esto hay que añadir que pese al aumento histórico del 17,4% en las primas ofrecidas, la falta de participación de las aseguradoras en la licitación en evidente, por lo que es necesario reformar el actual sistema, con el objetivo de garantizar su viabilidad a largo plazo.

Para conseguirlo, una de las medias que quiere implantar es la de que los funcionarios puedan elegir una vez si quieren sanidad pública o privada. Hasta ahora Muface permitía a los funcionarios poder cambiar de entre sanidad pública o privada o incluso entre compañía una vez al año, algo por norma general se hacía a principios de año. De esta forma, tras haber elegido de forma voluntaria régimen común (sanidad pública) o el régimen especial (sanidad privada) será más fácil poder tener una visión a largo plazo de como está el sistema y como financiarlo.

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Cobertura desigual y un número reducido de nuevos mutualistas

El sistema actual de MUFACE es amplio y complejo, especialmente entre los empleados públicos. Por un lado, destaca la diversidad en la cobertura del sistema, ya que actualmente MUFACE cubre a colectivos específicos, como funcionarios de la Administración General del Estado, docentes y policías, pero excluye a otros, como el personal investigador o administrativo de las universidades.

Por otro lado, el número de nuevos mutualistas que se incorporan anualmente es bajo en comparación con el total de beneficiarios. En 2023, se sumaron 62.500 personas, lo que representa un 4,1 % del total de 1,52 millones de usuarios, y la mitad de estas incorporaciones procedían de procesos de estabilización de personal docente no universitario. Este panorama hace que realizar una radiografía del sistema para los próximos años y establecer mecanismos para su sostenibilidad sea más complejo.

Para lograrlo, es necesario planificar adecuadamente los gastos. Por ello, el ministerio prevé analizar las cuentas del sistema con la ayuda de un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que se espera para finales de año. Entre las posibles medidas de ahorro se incluyen la extensión de la receta electrónica, la centralización en la compra de medicamentos y controles más estrictos sobre el consumo de ciertos fármacos, como los psicotrópicos.

En 2023, MUFACE destinó 340,8 millones de euros a la facturación de 29 millones de recetas, un 5,32 % más que el año anterior, superando el crecimiento del gasto farmacéutico en la sanidad pública (4,93 %).

Las aseguradoras piden un 40% más en las primas 

La licitación del próximo convenio busca fomentar una mayor transparencia en la asignación de primas por edad, un aspecto que el Ministerio considera clave para tomar decisiones informadas. Las aseguradoras privadas han solicitado incrementos del 40 % en las primas, argumentando que el sistema está infrafinanciado. No obstante, el Gobierno señala factores demográficos y sociológicos, como el envejecimiento de los mutualistas y la preferencia de los nuevos funcionarios por la sanidad privada, como las principales causas de la crisis.

El sistema actual también ha sido objeto de críticas por facilitar una selección de riesgos por parte de las aseguradoras. Según parece, las personas con problemas graves de salud suelen ser derivadas a la sanidad pública, mientras que los mutualistas más jóvenes y saludables permanecen en el sistema privado.