El Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados ha aprobado con la abstención del PP el texto propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con el que se reforman las leyes de dependencia y discapacidad que entre otras medidas termina con la incompatibilidad entre prestaciones, permitiendo el reconocimiento automático de la discapacidad por medio del grado de dependencia e incluyendo la figura del asistente personal, blindando la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia incorporando que el Estado asuma el 50% de la financiación.
Este dictamen ha sido aprobado con el voto a favor de los grupos parlamentarios excepto Vox que ha votado en contra y el PP que se ha abstenido. El pleno ha convalidado también el RD para ampliar la financiación de la dependencia que supone que las CCAA van a recibir 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. Se va a tramitar como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Para Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y perteneciente al partido Sumar, esta es “la mayor reforma social en el país en lo que va de siglo” y ha asegurado que “no hay excusa ni disimulo” para votar en contra. “El gradualismo o la tibieza es la antesala del fracaso o la incompletud”, ha dicho, “lo que debatimos hoy no es un parche sino una refundación”.
Ha asegurado que la reforma deja atrás la “mirada asistencialista o paternalista sobre las personas con discapacidad o dependencia y el modelo de las macro residencias”.
Eliminar los trámites burocráticos para los dependientes
“Votar que sí implica que una persona a la que se le reconozca un grado de dependencia no tendrá que hacer papeleo ni trámites adicionales para acceder al reconocimiento del nivel de discapacidad. Votar que sí es que cualquier persona con discapacidad tenga garantizada la tutela judicial efectiva”, ha puntualizado.
Además, ha apuntado a la importancia de que las personas cercanas, aunque no sean familiares directos, puedan ser reconocidos como cuidadores “haciendo que al fin puedan tener derecho a la prestación por cuidados”.
Por parte del PP, el diputado Enrique Belda ha señalado que el problema “no es el qué, ni los derechos, prestaciones o beneficios sino el dónde, el cómo y sobre todo, el hasta cuándo” afeando una enmienda transaccional en la que se asegura que el Gobierno tiene un “plazo máximo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de la ley, para elaborar un estudio analizando diferentes vías de financiación del sistema de la dependencia”.
“Pretenden un acto de fe”, ha reiterado el popular, mientras apunta a que seguirán “con la mano tendida” cuando el texto pase al Senado. Como ha publicado Europa Press, según fuentes del PP la idea es que este proyecto se mejore en la Cámara Alta con enmiendas “para garantizar la sostenibilidad y la financiación del sistema” porque “vamos a decir sí a las personas con dependencia”.
