Los fraudes fiscales suelen apoyarse en empresas ficticias, facturas falsas y movimientos diseñados para ocultar el verdadero patrimonio de sus responsables, como en el caso de la red de empresas agrícolas que ha defraudado 1,8 millones de euros a la Seguridad Social en Almería, pero en otras ocasiones también giran en torno a la vivienda. Es lo que está investigando la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos de Grecia, que ha detenido a una mujer que figuraba como persona sin hogar en su declaración de impuestos, y ha sido descubierta viviendo en una villa de lujo de 280 metros cuadrados con piscina.
Según la información publicada en Ekathimerini, la casa estaba situada a las afueras de Atenas y fue localizada durante una investigación sobre fraude del IVA. La mujer es una de las tres personas arrestadas por su presunta relación con una trama que habría realizado operaciones ficticias por valor de más de 98 millones de euros.
Según los investigadores, el fraude habría provocado unas pérdidas de 9,6 millones de euros por el IVA que no llegó a pagarse y de otros 8,3 millones en concepto de impuesto sobre la renta.
La trama utilizaba empresas ficticias y facturas falsas
El sistema investigado, conocido como fraude carrusel del IVA, consistía supuestamente en crear empresas ficticias para emitir y recibir facturas por operaciones que en realidad nunca se producían. Algunas de estas sociedades desaparecían poco después de acumular las deudas y eran sustituidas rápidamente por otras, pero siempre con las mismas personas como gerentes o socios.
Además, muchas de las sociedades compartían locales, números de teléfono y estructuras empresariales, además de dedicarse al comercio mayorista de ropa, calzado y otros artículos relacionados.
Entre los negocios investigados había empresas unipersonales con transacciones de hasta 28 millones de euros, una tienda en línea con 15 millones de euros en supuestas operaciones ficticias y una empresa dedicada a la importación de productos.
Las autoridades han iniciado los trámites para congelar los bienes y las cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos y han incautado más de 32.000 productos falsificados mientras la investigación continúa abierta.
