
Luz verde a la nueva FP en “cuidados básicos en Enfermería”. Así lo ha anunciado el Ministerio de Educación y Formación Profesional encabezado por la ministra Pilar Alegría Continente dentro del catálogo de 49 nuevas titulaciones presentado el pasado 20 de enero de 2022. Además, ha adelantado que formará parte de la cualificación profesional en “Supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal”.
El objetivo la creación de esta nueva titulación ya ha sido publicado en el BOE, destacando que estos titulados centrarán su actividad profesional en el área de servicios sociales, dedicada a la atención de necesidades sociosanitarias a personas mayores, con discapacidad o con enfermedades generadoras de dependencia en entidades de naturaleza pública o privada, en empresas o en organizaciones con o sin fines de lucro. Además, podrán tener personal a su cargo en ocasiones, por temporadas o de forma estable.
El título en FP contará con 600 horas de formación comprendidas, a su vez, en 4 módulos que incluyen las siguientes disciplinas: supervisión de la atención directa a la persona usuaria por parte del equipo técnico, trasladando el reporte del mismo al servicio de Enfermería y la adecuación de los Servicios Sociales a sus necesidades. Contará con un apartado práctico para que los estudiantes realicen ciertas intervenciones asistenciales como cuidados auxiliares, cuidados básicos de Enfermería, Psicología o rehabilitación.
El rechazo absoluto a la nueva FP en Enfermería
Las reacciones por parte del sector sanitario no se han hecho esperar. El Colegio de Enfermería de Sevilla ya ha mostrado su rechazo, al que también se suma El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA). Pero aún hay más, porque el Sindicato de Enfermería Satse estudia impugnar el Real Decreto del Gobierno que forma en cuidados enfermeros y denuncia “el intrusismo” en esta profesión.
El motivo es que podría generar un “conflicto de competencias” y “favorecer la destrucción de empleo”. Pero van un paso más allá, porque sostiene que con este Real Decreto, el Ejecutivo se ha plegado a los intereses empresariales de la patronal de los centros sociosanitarios que buscan “abaratar costes” en la contratación de estos nuevos perfiles profesionales, que al no ser titulados universitarios, resultan menos costosos a las empresas.
Algo que por otra parte contrasta con la opinión de Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, cuando era preguntada por la nueva ley de formación profesional. “Vamos a mejorar la formación de nuestros jóvenes con la seguridad de que, mejorando su formación, estamos mejorando su empleo, y con ello también mejoraremos su salario”, ha detallado en rueda de prensa Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo. Esta medida pretende crear 200.000 nuevos puestos de trabajo que se han comprometido con la ayuda de una partida presupuestaria de 2.2000 millones de euros. Para ello se cuenta con la colaboración de “empresas punteras” de cada uno de los sectores implicados”, reconoce Rodríguez.
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