El Gobierno incluye becas para opositores a la judicatura en los Presupuestos Generales del Estado

El Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, ayudará a los opositores a la judicatura. Así lo ha anunciado en la partida presupuestaria de nuevas becas destinadas a los aspirantes a juceces, fiscales, abogados del Estado y Letrados de la Administración de Justificia (LAJ) y que se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2022 desbloqueados tras el acuerdo alcanzado relativo a la nueva ley de vivienda entre los socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos.

Aunque por el momento solo se conocen esbozos de lo que será este programa de becas a los que podrán acceder los opositores a juez, fiscal, abogado del Estado y LAJ, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha indicado que el objetivo principal es el de facilitar un acceso a la judicatura “en igualdad de condiciones”.

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“Se trata de un sistema de becas para el acceso a la carrera judicial que tendrá una reserva para personas con discapacidad”, ha subrayado la titular del Ministerio de Justicia y antigua presidenta del Senado haciendo especial incidencia respecto a esto último. Becas para las que el Ejecutivo ha creado una partida presupuestaria especial aparte de los 2.199 millones para becas en educación: “La mayor cifra jamás invertida”.

PSOE y el Organismo Judicial, los impulsores de las becas a opositores a la judicatura

El plan de preparación gratuito que venían reclamando distintas partes, con PSOE y el aparato judicial a la cabeza, ha acabado de sufrir su empujón final a última hora para entrar este año en los PGE. Estos defendían un esqueleto de ayudas para aquellos con intención a opositar a judicaturas pero a los que les cerraban la puerta su posible escasez de “recursos económicos”, además de un sistema de becas públicas que les respaldaran.

“Es muy importante que estas personas con vocación de servicio público, de impartir justicia o dedicarse al mundo del derecho puedan acceder en igualdad de oportunidades”, ha defendido la ministra, ya que “de otro modo muchos de ellos no podrían planteárselo”.

Sin motivo de sesgo de clase

“No creo que nadie pueda estar disconforme con una medida como esta”, se congratulaba la magistrada de Familia en Móstoles y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Natalia Velilla, que se ha encargado de aclarar, asimismo, que no viene motivada porque creen que existiera sesgo de clases en estas oposiciones.

“Lo que se gasta un opositor tampoco es mucho, como unos 200 euros al mes para contratar a un preparador. El problema está en que mientras opositas no obtienes una remuneración, por lo que es necesario tener un cierto colchón económico para poder mantenerte durante un tiempo”, explicar, tratando de remarcar que no existe un perfil definido de opositor.