El Gobierno confirmó que presentaría una convocatoria extraordinaria de 1.000 plazas para permitir la jubilación parcial del personal laboral en la Administración General del Estado (AGE). Pero el anuncio parece no haber sentado bien, al menos a los sindicatos que lo han tachado de polémico. En este sentido CCOO acusa al Ministerio de Función Pública de vender “pura propaganda” y advierte de que el acuerdo “no garantiza la jubilación parcial, debilita los servicios públicos y desprecia la experiencia acumulada en la Administración”.
Esta iniciativa, la cual solo fue firmada por los sindicatos CSIF y UGT, deja fuera a la central mayoritaria entre el personal laboral, CCOO, que denuncia que el acuerdo no incluye ni un crédito presupuestario extraordinario ni un calendario preciso. Según el sindicato, “nos tememos que se financie amortizando más empleo público”, es decir, recortando puestos en otras áreas para cuadrar cuentas.
Desde CCOO explican que “el Ministerio que dirige Óscar López vuelve a incumplir a los trabajadores públicos: sin dinero, sin plazos y sin respetar la antigüedad ni la experiencia”. Por su parte, el Ministerio, confirma que la oferta extraordinaria de 1.000 plazas saldrá previsiblemente a finales de año para cubrir los contratos de relevo por jubilación parcial. Pero ni las especialidades, ni el grupo profesional, ni la localización geográfica de las plazas han sido aún concretadas.
Los sindicatos denuncian que los procesos selectivos se eternizan. Los aspirantes de la oferta pública de 2020 siguen esperando firmar contratos, mientras la última convocatoria para personal laboral (la de 2021 y 2022) todavía sigue “en desarrollo”. Para el sindicato, la Administración sigue sin poner fecha al acceso de al menos un millar de empleados públicos que ya cumplen requisitos para la jubilación parcial.
Por todo esto, la fractura sindical es total y evidente. Mientras CSIF presume del acuerdo y exige al Gobierno que concrete “de una vez” el número de plazas de la próxima Oferta de Empleo Público (OEP) 2025, CCOO denuncia que el texto firmado veta precisamente a “los laborales fijos con más antigüedad y experiencia”, dejando esas plazas a “personal de nuevo ingreso sin ninguna formación ni experiencia”.
El contexto tampoco ayuda: el Gobierno aún no ha desvelado el número total de plazas de la OEP 2025, y la última referencia (2024) quedó en 40.146 plazas, de las que 31.465 fueron para la AGE. Los sindicatos temen que el retraso y la falta de cifras sólidas “ponen en peligro el relevo generacional y agravan la pérdida de efectivos en la administración pública”.
CCOO concluye con un aviso: “No avalamos un acuerdo que debilita los servicios públicos y no respeta a los trabajadores. El Ministerio debe dejar la propaganda y presentar un modelo realista, financiado y con garantías claras”.
