
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la patronal que preside Antonio Garamendi, ha negado que la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas vaya a mejorar la productividad en España. Al contrario, en un documento enviado al Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz, señalan que para que en nuestro país se alcance una productividad similar a la media de la Unión Europea (UE) la jornada efectiva de trabajo debería estar en las 41,2 horas semanales.
Una opinión contraria que sumar a las discrepancias existentes en el seno del Gobierno de coalición entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo. En este caso, la patronal empresarial ha enviado algunas consideraciones al anteproyecto de ley que baja la jornada y al que ha tenido acceso Europa Press. Garamendi manifiesta que la premisa de la reducción de tiempo trabajado para mejorar la productividad “no se sostiene”.
“Es el aumento de la productividad lo que permite la reducción de las jornadas laborales y la subida de los salarios. En sectores donde la productividad está relacionada directamente con el tiempo de trabajo, una reducción impuesta va a generar desajustes en la organización y un incremento mayor de los costes laborales, por lo que se baja la productividad”.
“La jornada efectiva debería estar en torno a las 41,2 horas a la semana”
La patronal reclama que la jornada laboral efectiva en España debería estar en torno a las 41,2 horas a la semana, según este documento. En este caso, sí podría aumentar la productividad, llegando a equipararse a los niveles europeos.
CEOE ha apelado al borrador para la reducción de la jornada laboral, señalando que contiene “afirmaciones gratuitas y sin rigor” y que están confundiendo la jornada máxima con la pactada de trabajo.
Aprovecha para recordar que quien hace las leyes podrá limitar la duración máxima de la jornada legal, como un límite infranqueable en la negociación colectiva y en los contratos individuales, pero nunca como elemento de fijación de la jornada convencionalmente pactada.
Cuanto más se acerque esta jornada legal máxima a la pactada, ha explicado, se “achica” el margen a la negociación, esto es, el que deja los niveles de productividad para que las empresas sean viables y “más discutible será su encaje constitucional”.
Una “injerencia” sin precedentes en la autonomía colectiva
El organismo empresarial ha sido especialmente duro con el Ministerio de Trabajo a la hora de calificar la propuesta como “una injerencia sin precedentes en la autonomía colectiva que no oculta el propósito final de cambiar el modelo constitucional de fijación de las condiciones laborales por los agentes sociales a través de la negociación colectiva por otro ‘intervenido’ que contraviene las orientaciones del Consejo de Europa”.
La norma señala “afecta al núcleo esencial de la negociación colectiva”. Unos acuerdos en los que ha matizado que los empresarios “defendemos la reducción de la jornada laboral” pero “ajustada a las necesidades de cada sector”.
Ha puesto varios ejemplos, entre ellos, que el 24% de los convenios colectivos con efectos económicos en 2024 están en el tramo de jornada de 37,5 horas a 38,5 horas a la semana,afectando al 27,98% de los trabajadores cubiertos y el 53,95% tiene una jornada anual pactada de entre 38,5 y 39,5 horas semanales.
"Lamentablemente lo anterior es sólo el comienzo. La conflictividad laboral será inevitable. El impacto de ley va a generar tensiones añadidas en la negociación colectiva". CEOE ha aprovechado para pedir que esta rebaja de jornada sea "cuidadosamente evaluada".
El diálogo social "es ficticio"
El documento de la patronal a Trabajo también entra en la negociación colectiva mediante la mesa de diálogo social. En este caso, resalta que las reuniones de diálogo social son "ficticias" y que están guiadas "por un intreés exclusivamente mediático del Ministerio y sin ánimo de transaccionar fuera de los límites marcados por el acuerdo de Gobierno PSOE - Sumar".
De este modo, se está "desnaturalizando" convirtiéndose en una "herramienta de comunicación política al servicio de los anuncios del Ministerio de turno, siendo habituales el uso selectivo y a la carta del diálogo social y de los procedimientos de consulta".
Recuerda que hasta en 30 normas con repercusión en el campo laboral se ha "omitido el mandato constitucional de obligada consulta a los interlocutores sociales". Y esto es "el último ejemplo de colonización de la autonomía colectiva y de erosión de las dinámicas democráticas".
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