Miles de profesores asociados podrían reclamar todas las horas no lectivas que no le pagan

Un Juzgado valenciano ha estimado la demanda de 42 profesores asociados de la Universidad de Valencia, permitiéndoles cobrar no solo las clases impartidas, sino también las horas no lectivas, que son aquellas que dedican a preparar las clases y asistir a las reuniones. Así, los han equiparado con los funcionarios docentes, declarando el Juzgado de lo Social número 18 de Valencia que han sufrido discriminación laboral en la retribución salarial que venían percibiendo. 

De ese modo, la jueza, como se recoge en la sentencia de la que ha informado el Consejo General del Poder Judicial, ha declarado el derecho de los profesores asociados a que la Universidad, en este caso la de Valencia, les aplique “en proporción a los contratos parciales que tengan”, la misma retribución que perciben los profesores universitarios a jornada completa. Del mismo modo, ha condenado a la institución académica a abonar a cada uno de estos profesores asociados la cantidad de 1.000 euros en concepto de indemnización por daños morales.

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Para la jueza se declara probado, con informe favorable del Ministerio Fiscal, la existencia de una discriminación salarial que vulnera el derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española. Una conclusión a la que llega “tras valorar las pruebas practicadas durante el juicio y los documentos aportados, así como analizar la jurisprudencia aplicable a este supuesto”.

Ambos colectivos realizan el mismo trabajo, pero con retribución diferente

Según se recoge en la resolución judicial, esta discriminación apreciada “no se produce por ser una contratación temporal a tiempo parcial, sino por la retribución proporcional que perciben los profesores asociados respecto de los otros profesores universitarios a jornada completa, teniendo en cuenta que ambos colectivos de profesores realizan el mismo trabajo”. 

Sobre este punto, añade que ambos colectivos, profesores asociados y funcionarios docentes, “imparten las mismas asignaturas conforme a las guías docentes, compartiendo el trabajo la misma naturaleza, y siendo las condiciones laborales que desempeñan las mismas”. Sin embargo, no reciben la misma retribución, “que computa la Universitat de València de forma distinta, no siendo objeción para ello la modalidad de contratación laboral, ni la exigencia de tener una actividad externa para los profesores asociados”.

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Vía abierta para que miles de profesores asociados puedan reclamar

La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), pero, si esta falla a favor del profesorado, y rechaza el posible recurso de suplicación de la universidad, podría abrir una vía inédita para que 1.234 asociados de la entidad valenciana reclamen este derecho. Y, del mismo modo, esta denuncia se podría replicar a otras universidades españolas, registrándose el pasado 2023 unos 26.700 profesores no asociados en las 48 universidades públicas españolas.

Como informa la Plataforma PDI Precarietat, es la primera vez que una sentencia reconoce que la jornada laboral y las tareas que desarrollan los profesores asociados “no se limitan a impartir docencia y ya está, sino que, como cualquier profesor de la universidad, prepara clases, elabora materiales docentes, corrige exámenes y realiza una evaluación continua (según el Plan Bolonia), participa en reuniones de coordinación de las asignaturas que imparte, según la guía docente, y en las del consejo de departamento”.

Una sentencia pionera que, afirman, “tiene fuertes repercusiones” por dos motivos: primero, porque se produce un reconocimiento de la jornada laboral del profesorado asociado y en el conjunto de tareas que realizan “más allá de la formalidad de su contrato laboral y de lo que dicen las leyes universitarias” y, por otro, porque considera que esto tiene consecuencias en las retribuciones del Personal Docente e Investigador (PDI) Asociado no solo de la universidad valenciana, “sino de todas las universidades españolas”.

Esto, aseguran, “abre la puerta a la mejora laboral y salarial de este colectivo profesorado, tan maltratado económica y laboralmente por las universidades y las diferentes administraciones”. En este sentido, están abiertos a una negociación “para ajustar los salarios del profesorado asociado a la proporción de la jornada que realiza, así como a abonarle quinquenios docentes y sexenios de investigación”. 

En último lugar, piden a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, “negociar de manera inmediata el Estatuto del PDI con el fin de que incorpore las tareas que reconoce el fallo de la sentencia como también propias del profesorado asociado y no únicamente como tareas del PDI  a tiempo completo”.