La Guardia Civil ha dado un duro golpe a la explotación laboral con la desarticulación de una organización criminal en la provincia de Castellón, que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. En la operación se ha podido liberar a 80 personas migrantes y se ha detenido a los 7 implicados. Operaban principalmente en el sector agrícola y tenían unas condiciones de vida que la Benemérita ha calificado como “cercanas a la esclavitud” en un comunicado.
La investigación ha durado varios meses y se ha llevado a cabo en coordinación con la Fiscalía e Inspección de Trabajo destapando un entramado que captaba trabajadores en países como Senegal, Nepal y Pakistán o diferentes regiones de países árabes que ‘picaban’ con falsas ofertas de trabajo.
A los migrantes les prometían un buen sueldo, alojamiento y manutención en España pero nunca se cumplieron esas condiciones.
Las víctimas contraían deudas que luego se usaban como mecanismo de control
Una vez que las personas aceptaban la pregunta oferta de empleo, eran trasladadas a España con viajes organizados por la propia red contrayendo deudas con ellos que luego se usaban como mecanismo de control y chantaje.
Una vez en nuestro país eran alojadas en condiciones de hacinamiento extremo, sin acceso a suministros básicos como luz, agua o electricidad. El sistema de explotación se completaba con jornadas laborales extenuantes en el campo, especialmente en tareas de recolección, que podían alcanzar las 12 o 13 horas diarias sin descanso. Los trabajadores carecían de contrato y apenas percibían remuneración, ya que los supuestos salarios eran descontados por gastos de alojamiento, transporte o manutención.
Además, la organización mantenía un férreo control sobre las víctimas mediante amenazas, coacciones e incluso agresiones físicas, generando un clima de miedo que dificultaba cualquier intento de denuncia o huida.
Una estructura perfectamente definida
La operación, denominada Balarama, ha permitido identificar una estructura criminal organizada en distintos niveles. Algunos miembros se encargaban de la captación en los países de origen, otros del traslado y alojamiento, mientras que un tercer grupo gestionaba la explotación laboral y la obtención de beneficios.
Según la investigación, los principales responsables serían un matrimonio de origen pakistaní que utilizaba empresas y estructuras legales para dar apariencia de legalidad a la actividad y eludir obligaciones laborales y con la Seguridad Social.
El entramado operaba en varias comarcas de Castellón y Valencia, aunque tenía su base en la localidad de Nules, donde las víctimas eran alojadas en hasta cuatro viviendas distintas propiedad de los detenidos.
La Guardia Civil detuvo a 7 personas y atendió a las víctimas
En el dispositivo policial se llevaron a cabo cinco registros domiciliarios. De las 80 personas liberadas (77 hombres y 3 mujeres de entre 20 y 35 años), muchas se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad.
Dos de los detenidos han ingresado en prisión por orden judicial, mientras que el resto permanece investigado por delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular, entre otros.
Las víctimas han sido atendidas con la colaboración de organizaciones sociales como Cruz Roja o Cáritas, en un operativo que pone de relieve la persistencia de redes de explotación laboral en sectores intensivos en mano de obra y la dificultad de detectar estos abusos en entornos de alta vulnerabilidad social.
