La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en la provincia de Castellón que se dedicaba a la trata de seres humanos, explotándoles laboralmente. Gracias a esta actuación, se ha liberado a 80 personas migrantes y los agentes han detenido a los 7 implicados. Los trabajadores explotados estaban en una explotación agrícola y las condiciones en las que estaban eran “cercanas a la esclavitud” como han destacado los profesionales que han participado en el operativo en un comunicado.
Inspección de Trabajo y Fiscalía han sido los encargados de arrancar con esta operación, encontrando el entramado que localizaba personas necesitadas de empleo y dinero en países como Senegal, Nepal y Pakistán. Les engañaban ofreciéndoles trabajo, con ofertas que funcionaban como gancho pero que no eran reales.
Les prometían alojamiento gratis y un buen sueldo así como un mundo irreal que jamás encontraron al llegar a España.
Las víctimas contraían deudas que luego se usaban como mecanismo de control
Cuando los migrantes aceptaban alguna de estas ofertas de trabajo, les trasladaban a España con viajes que organizaba la propia red. Cuando llegaban, ya habían generado una deuda que debían devolver y que estas ‘mafias’ usaban para chantajearles.
En España eran alojados en situaciones de hacinamiento, sin acceso a luz ni agua. Todo esto antes de ir a trabajar al campo, con jornadas laborales extremas en el campo, especialmente en tareas de recolección que podían llegar a las 12 o 13 horas sin descanso.
No tenían contrato y cobraban unos sueldos muy bajos. Vivían continuamente amenazados, con coacciones e incluso les agredíam físicamente. El clima de miedo que se había generado cortaba cualquier intento de ayuda.
Una estructura perfectamente definida
La operación Balarama ha permitido a la Guardia Civil acceder a un entramado criminal que se organizaba en varios niveles. Algunos miembros se encargaban de captar en los países de origen, otros del traslado y el alojamiento y un tercero les explotaba laboralmente.
Los principales responsables serían un matrimonio de origen pakistaní que utilizaba empresas y estructuras legales para dar apariencia de legalidad a la actividad y eludir obligaciones laborales y con la Seguridad Social.
El entramado operaba en varias comarcas de Castellón y Valencia, aunque tenía su base en la localidad de Nules, donde las víctimas eran alojadas en hasta cuatro viviendas distintas propiedad de los detenidos.
La Guardia Civil detuvo a 7 personas y atendió a las víctimas
De las 80 personas liberadas (77 hombres y 3 mujeres de entre 20 y 35 años), muchas se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad. Dos de los detenidos han ingresado en prisión por orden judicial, mientras que el resto permanece investigado por delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular, entre otros.
Las víctimas han sido atendidas con la colaboración de organizaciones sociales como Cruz Roja o Cáritas, en un operativo que pone de relieve la persistencia de redes de explotación laboral en sectores intensivos en mano de obra y la dificultad de detectar estos abusos en entornos de alta vulnerabilidad social.
