La Policía Nacional ha detenido a siete personas por explotación laboral de ciudadanos extranjeros en call centers, como presuntos responsables de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores. Estos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial y tenían establecido un sistema de castigos humillantes a los trabajadores, entre los que se incluía lanzar tartas a la cara.
La investigación inicial, que contó con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, se inició cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la existencia de estos call centers que imponían condiciones laborales restrictivas. Según constató este organismo, empleaban el mismo método a la hora de efectuar las contrataciones para la realización de entrevistas.
Aunque los empresarios trataban de impedir cualquier tipo de injerencia policial, cambiando constantemente la ubicación de los locales, las investigaciones permitieron ubicarlos en Madrid y Fuenlabrada. La operación se desarrolló en 15 centros en total (el pasado 10 de marzo) y se descubrió a 48 trabajadores sometidos a condiciones abusivas. De ellos, 31 eran trabajadores extranjeros en situación irregular y 16 no estaban dados de alta en la Seguridad Social.
Condiciones laborales de abuso
Tal y como ha informado la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en un comunicado, los responsables de los centros contrataban a ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de trabajo y les sometían a condiciones de abuso. Además, tenían que cumplir unos objetivos diarios a través de llamadas a particulares. Para ello, contaban con “un guion previo e invasivo”, cuyo objetivo era estafar a los interlocutores para que contrataran determinados productos o servicios.
Para mayor presión, los encargados de las empresas usaban un ranking diario en función de las contrataciones conseguidas. De ese modo, establecieron un sistema de recompensas y castigos degradantes en función de la posición que se ocupaba en dicho ranking. Entre las conductas humillantes se encontraba lanzar tartas a la cara del trabajador que había quedado último en el ranking, en presencia de todos sus compañeros.
Los responsables de estos centros, según ha informado la Inspección de Trabajo, eran conocedores de la situación irregular en la que se encontraban los trabajadores, prevaliéndose su posición para ofrecerles unas condiciones laborales que no les permitían exigir ningún derecho.
Así, sus jornadas de trabajo superaban los límites legales y carecían de los días de descanso obligatorios, vacaciones, retribuciones justas o seguros médicos ante la posibilidad de cualquier accidente laboral.
