¿Como funciona un ERE en Estados Unidos? 

Este jueves 6 de febrero vencía el plazo para que los empleados públicos se adhirieran al plan de despidos incentivados anunciado por Donald Trump, al que ya se han acogido unos 60.000 trabajadores. Sin embargo, una decisión de la justicia estadounidense ha ampliado el plazo hasta el lunes a las 23:59 horas. Los empleados tenían 10 días para decidir si les convenía o no. Ahora, con el plazo ampliado, tendrán un total de 14.  

Sabemos que en España un ERE es un expediente de regulación de empleo que autoriza a una empresa a despedir a los trabajadores. Puede ser de extinción (cese definitivo), de suspensión (temporal) o de reducción (reducción de jornada).  

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La ley en España es muy clara respecto a los derechos del empleado: el trabajador tiene derecho a la prestación por desempleo correspondiente, indemnización por despido y, a su vez, a poder impugnarlo. En lo relativo al segundo aspecto, la indemnización por despido, hay que aclarar que la mínima establecida es de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. En casos inferiores al año, la cantidad se prorrateará. Si la empresa no puede hacer frente a las indemnizaciones de los trabajadores despedidos, el Fondo de Garantía Salarial debe garantizar el cobro.  

¿Cómo funciona en Estados Unidos? 

El homólogo del ERE en España son los despidos incentivados en Estados Unidos. En inglés, el término es Employee Buyout (EBO): Voluntary Severance Overview.  

Aunque el nombre es diferente, la idea es similar. El EBO se refiere a cuando un empleador ofrece a varios empleados una indemnización por irse de forma voluntaria. El paquete suele incluir un pago por el despido basado en el salario y la antigüedad del trabajador, beneficios como la extensión del seguro de salud durante un tiempo determinado y opciones de jubilación anticipada en algunos casos.  

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En general, se utilizan para reducir costos salariales y la idea es que el empleado tenga un salario con el que mantenerse mientras busca otro trabajo.  

En cuanto a cómo funciona, los empleados reciben una oferta y tienen un plazo para decidir entre dos opciones: aceptarla o rechazarla. Sin embargo, si no la aceptan, se arriesgan a que su puesto de trabajo sea eliminado más adelante con una indemnización menos favorable.  

El caso concreto del ERE de Trump 

Según el medio estadounidense ABC News, algunos de los empleados que han optado por suscribirse al ERE de Trump ya están recibiendo los contratos. Se ofrece ocho meses de salario y beneficios hasta septiembre si renuncian antes del 6 de febrero a todos aquellos que decidan acogerse.  

El contrato, según ha informado este medio, detalla que si un empleado acepta el trato, "renuncia para siempre" al derecho de emprender acciones legales contra la agencia con respecto a su empleo o la oferta de renuncia diferida. Es decir, al adherirse al ERE, el empleado renuncia a su derecho de hacer futuras reclamaciones, ya sea por sí mismo o a través del sindicato.  

Ahora, la preocupación de los empleados que han aceptado se centra en la incertidumbre que rodea todo el asunto, ya que algunos abogados laborales han cuestionado la legalidad de la oferta. Normalmente, el Congreso es el responsable de autorizar los pagos de los empleados públicos, no la Casa Blanca. Sin embargo, los altos funcionarios de las diversas agencias federales aseguraron el viernes pasado a los trabajadores que las ofertas eran válidas y legales.  

¿Qué dicen los abogados laboralistas sobre el caso del ERE de Trump? 

Según los abogados laboralistas consultados por la revista Time, el ERE podría violar la Ley de Anti-deficiencia (Anti-Deficiency Act), que prohíbe al gobierno gastar más dinero del que el Congreso ha asignado, y la Ley de Permisos Administrativos de 2016, que limita la capacidad del gobierno para otorgar permisos pagados sin una justificación clara.  

Tal y como explica el profesor de Derecho de la Universidad de Minnesota, Nick Bednar, la clave legal de este asunto radica en la Ley de Anti-deficiencia, que establece que las agencias no pueden comprometerse a realizar pagos futuros sin las asignaciones presupuestarias necesarias. Además, argumenta que el programa podría violar la Ley de Permisos Administrativos si los empleados son puestos en licencia pagada de forma prolongada sin causa justificada.