La Seguridad Social, encabezada por el ministro José Luis Escrivá, busca solucionar la falta de personal para la atención directa de ciudadanos, con una iniciativa que pretende desatascar los retrasos que sufren las personas a la hora de solicitar citas presenciales para tramitar una pensión o prestación. A los recientes tres cambios anunciados para mayo, se suma ahora un plan de incentivos para los funcionarios que trabajan en las oficinas del organismo.
Los sindicatos denunciaron que, desde la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, las solicitudes aumentaron en 2,5 millones para las que no había personal suficiente que pudiera atenderlas.Ante la falta de recursos humanos, el Gobierno de España intenta encontrar una solución para garantizar un correcto servicio, y mientras continúa negociando con los sindicatos, ha enviado, según publica el diario El Confidencial, una carta a las direcciones provinciales del INSS para consultar cuáles funcionarios estarían dispuestos a trabajar fuera de su jornada laboral por una paga extra de 6 euros por cita.
Colapso en la atención de la Seguridad Social
Los sindicatos denunciaron en marzo la falta de personal en la Seguridad Social para gestionar las pensiones de jubilación o viudedad, el Ingreso Mínimo Vital y las nuevas prestaciones que puso en marcha el Gobierno de España. Un problema que se refleja en el tiempo que demoran en los usuarios en conseguir una cita presencial, un mes, en el mejor de los casos.
Según el sindicato CSIF, otro de los problemas a los que se enfrenta el organismo es la “edad media de la plantilla”, que asegura ronda los 60 años, lo que ha hecho que el personal se reduzca en los últimos años porque muchos de los trabajadores se jubilaron. Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señalan que uno de cada tres funcionarios tiene más de 60 años y el 80% más de 50, por lo que urge la aprobación de 1.600 nuevas plazas para estas instituciones.
El plan de Escrivá para mejorar la atención en la Seguridad Social
La Seguridad Social continúa colapsada y busca soluciones urgente para poder brindar una atención óptima a los ciudadanos. La última iniciativa conocida por el diario El Confidencial, consiste en el envío de una carta a las direcciones regionales para consultar cuántos trabajadores estarían dispuestos a trabajar horas extras, de 16 a 18 horas, para dar servicio a los ciudadanos. Por cita previa atendida, sea telefónica o presencial fuera de la jornada laboral habitual, el Gobierno les pagará 6 euros.
El incentivo se otorgaría a los funcionarios que atiendan fuera de la jornada laboral ordinaria, una vez que haya cumplido con el volumen habitual del día, y siempre y cuando no coincida con el servicio de atención ordinario de tarde. Los sindicatos critican esta solución porque a estas se podrán sumar no solo los funcionarios que estén de cara al público sino que podrán hacerlo todos aquellos propuestos por la dirección provincial, lo que a juicio de los sindicatos abriría la puerta a que cualquier trabajador, no especializado en la atención ciudadana, pueda gestionar los trámites de los cuidados en perjuicio de la calidad del servicio.
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