El conflicto entre la Seguridad Social y las viudas de Orcasitas ha vuelto a encender las alarmas. Tras un año de aparente calma, las octogenarias del sur de Madrid han comenzado a recibir nuevas cartas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en las que se les exige la devolución del complemento de mínimos de sus pensiones de viudedad. Una situación que se creía resuelta después de que el Tribunal Supremo fallara en su favor en 2023 y 2024.
Para poner en contexto, el problema tiene su origen en unas ayudas públicas destinadas a la rehabilitación de viviendas, las cuales nunca llegaron a percibirse por estas vecinas, sino por las comunidades de propietarios. A pesar de que las beneficiarias no ingresaron personalmente esas subvenciones, la Agencia Tributaria las registró como un incremento de patrimonio en la declaración de la renta. Así, tras cruzar datos entre Hacienda y la Seguridad Social (proceso que se hace todos los años) se interpretó como un “supuesto” aumento de ingresos, causa para retirar el complemento económico que reciben con las pensiones mínimas.
Pero, ¿por qué se les reclamaba el dinero? Pues se debe a que el complemento a mínimos está reservado a quienes tienen rentas por debajo de ciertos umbrales. Si no se comunica un incremento de éste y la Seguridad Social lo detecta, se inicia un procedimiento para que se reintegren las cantidades cobradas indebidamente. En este caso, al considerar erróneamente las subvenciones como ganancias patrimoniales personales, el sistema ha activado las reclamaciones sin que haya existido una revisión previa individualizada. A pesar de esto, tras reclamar y llegar hasta el Tribunal Supremo, este les dio la razón a las viudas, por lo que no debían devolver las cantidad, hasta ahora.
En este sentido, Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social especializado en materia de pensiones ha publicado un video en YouTube explicando que esta pasando. Este explica que este tipo de reclamaciones son fruto de un sistema automatizado de cruce de datos entre la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. “Lo que le ha sucedido a la viuda de Orcasitas responde a una gestión automatizada de los procedimientos”, comienza señalando.
Un sistema automatizado
Explica que cada año, la Seguridad Social cruza información fiscal con Hacienda para comprobar que los ingresos de los pensionistas, ya que muchos reciben complementos a mínimos o ayudas condicionadas a no superar un determinado umbral económico. “Si la máquina detecta que un pensionista ha tenido un incremento de patrimonio, emite automáticamente una comunicación en la que se inicia un procedimiento de reintegro por prestaciones indebidas. Y se informa al interesado de que puede presentar alegaciones”, explica Muñoz.
Es decir, que el problema es que este sistema no distingue entre ingresos reales y subvenciones comunitarias que no benefician individualmente a la persona. “Todo se hace de manera automática, y es el propio pensionista es quien debe presentar alegaciones si considera que no ha percibido ese ingreso”, señala el funcionario. En el caso de Orcasitas, bastaría con acreditar que la ganancia patrimonial detectada corresponde a una ayuda concedida a la comunidad de vecinos, para lo cual puede aportarse la resolución de la subvención. A partir de ahí, la Seguridad Social tiene la obligación de cancelar la deuda y, si procede, devolver las cantidades retenidas.
Modificar la ley para evitar nuevas injusticias
Para evitar que esta situación se repita, tanto la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) como Muñoz coinciden en la necesidad de modificar el artículo 33.3 de la Ley del IRPF, que actualmente considera este tipo de ayudas como ganancias patrimoniales. “Si no se cambia la ley, el sistema seguirá interpretando mal estas situaciones en los cruces automáticos con Hacienda”, advierte el funcionario. Otra opción viable sería que estas subvenciones figuren en una casilla específica dentro de la declaración de la Renta, separadas del resto de rendimientos de capital.
Desde la Seguridad Social explican que las ayudas de 2023 que causaron estos problemas están identificadas y que se trabaja para que no vuelvan a producirse errores en su tratamiento fiscal. Aun así, si estas subvenciones no se declaran correctamente o se mezclan con otras ayudas, la única forma de subsanar la situación sigue siendo la presentación de alegaciones, lo que deja a muchas personas mayores en una posición de indefensión administrativa.
