Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica la problemática de las pensiones en España: “Podrían mejorar la jubilación de muchas personas”

A pesar de que el Gobierno de España ha aprobado nuevos cambios en la jubilación que han entrado en vigor durante este mes de abril de 2025, lo cierto es que en nuestro sistema público de pensiones existen leyes ya aprobadas que aún se encuentran a la espera de su desarrollo reglamentario. Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social especializado en materia de pensiones, explica en su canal de YouTube cuáles son esas problemáticas que afectan a miles de trabajadores.

“Cuando el Congreso aprueba una ley, se espera que en pocos meses se publique su reglamento y que las personas afectadas puedan beneficiarse de inmediato”. Así lo explica Alfonso, que advierte sobre un problema que está afectando a miles de trabajadores y jubilados por la falta de desarrollo normativo. “Hay leyes que se aprobaron hace tiempo y que siguen en el cajón. Esto genera mucha frustración en quienes esperan desde hace años una mejora en sus prestaciones o derechos”, añade.

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La situación, según este funcionario, es particularmente preocupante en lo que respecta a ciertas normas dirigidas a colectivos con trabajos peligrosos o penosos. “La ley que crea el fondo de compensación para las víctimas del amianto se aprobó en 2022, pero aún no cuenta con el reglamento necesario para indemnizar a familias que llevan décadas batallando contra enfermedades derivadas de la exposición a este material”, detalla. Además, menciona el caso de los bomberos forestales: “Existe una norma que les reconoce la jubilación anticipada sin penalización, pero sin su desarrollo reglamentario, no pueden acogerse a ese derecho”.

“El problema va más allá de un solo colectivo”

Alfonso insiste en que la lista de leyes pendientes de aplicación es extensa y afecta a múltiples sectores: “Muchos trabajadores, como transportistas sanitarios o cuidadoras a domicilio, siguen esperando un nuevo procedimiento que les permita jubilarse de manera anticipada sin penalización. Esa reforma se anunció en 2021 con un plazo de tres meses, pero han pasado varios años y no se ha hecho efectiva”. Lo mismo ocurre con los coeficientes reductores que penalizan a quienes se jubilan antes de la edad ordinaria pese a llevar más de 40 años cotizados, que cubrió el medio de NoticiasTrabajo. “Son más de 860.000 pensionistas los que soportan una penalización de la que se lleva hablando demasiado tiempo”, lamenta.

Otro frente abierto es la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, contemplada en la ley de 2021. “Según esa norma, en seis meses debería haberse constituido este organismo para simplificar la atención al ciudadano. Sin embargo, cuatro años después, sigue sin ponerse en marcha y el caos burocrático continúa”, explica el especialista.

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“La mutualidad de abogados y procuradores también aguarda solución”

No solo los trabajadores en régimen general se ven perjudicados. “El caso de los abogados y procuradores mutualistas es muy llamativo. Durante décadas, se les ofreció la posibilidad de cotizar a una mutualidad que, en teoría, ofrecía mejores condiciones a largo plazo. Sin embargo, hoy en día la realidad es que muchos de ellos percibirán pensiones muy bajas”, aclara. Pese a que en noviembre se presentó una proposición de ley para permitir que más de 60.000 abogados mutualistas se pasen al régimen de autónomos, “todavía no se ha debatido. La situación sigue estancada”.

El experto concluye recordando que todas estas demoras tienen un fuerte impacto social y económico: “La aritmética parlamentaria no debería impedir que leyes que ya están aprobadas se apliquen lo antes posible”. Por ello, recomienda a todas las personas afectadas que se informen bien sobre sus derechos y estén pendientes de las novedades oficiales, ya que “en cualquier momento, podría desbloquearse esta situación y empezar a corregir años de retrasos”.