La Seguridad Social implementará, a partir de febrero de 2025, un nuevo reglamento que permitirá acceder a la jubilación anticipada a los 52 años sin sufrir penalizaciones en la cuantía de la pensión a determinados colectivos de trabajadores. Esta medida, destinada a profesiones especialmente peligrosas, penosas o insalubres, ampliará los beneficios que ya disfrutan colectivos como los mineros o bomberos a sectores como las camareras de piso, conductores profesionales y cuidadores. El objetivo es garantizar una salida laboral digna para quienes han visto afectada su salud y bienestar tras años de desempeño en actividades laborales de alto riesgo.
Hasta ahora, las profesiones que podían acceder a esta modalidad de jubilación anticipada sin recorte sobre la cuantía de la pensión eran los trabajadores incluidos en el Estatuto Minero, el personal de vuelo de trabajos aéreos, los trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, miembros del Cuerpo de la Ertzaintza, policías locales, miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra. Según explica la Seguridad Social, estas profesiones permiten acceder a la pensión antes de la edad ordinaria, que actualmente está en proceso de reforma bajo la Ley 27/2011, prevista para completarse en 2027. No obstante, no todas estas profesiones permiten jubilarse a los 52 años, ya que esto depende de los años de cotización acumulados y de la normativa que regule la reducción de la edad ordinaria.
Con la nueva reforma de las pensiones, aprobada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por la ministra Elma Saiz, se busca que otros colectivos, como las camareras de piso o 'kellys', los conductores profesionales y las cuidadoras y cuidadores, puedan acceder también a una jubilación anticipada sin sufrir penalizaciones en la cuantía de su pensión de jubilación. Estos trabajadores podrán acogerse a esta medida siempre que cumplan los criterios técnicos que evaluan la exigencia física o psíquica de cada profesión.
Requisitos para acceder a la jubilación anticipada sin penalización
Para acceder a la jubilación anticipada sin penalización, la Seguridad Social establecerá una serie de requisitos que los colectivos interesados deberán de cumplir. Como premisa, los trabajadores deberán desarrollar una actividad laboral que a ojos de la Seguridad Social esté afectando a la salud y seguridad del trabajador, es decir, que la actividad atendiendo a la edad del trabajador pueda ser peligrosa. Por ejemplo, el trabajo de camarera de piso puede no ser peligroso con 20 años, pero sí con 55 años, ya que es un trabajo que de por sí implica un mínimo de condición física.
Por ello, primero, habrá que demostrar que el trabajo es peligroso, penoso, tóxico o insalubre. Esto significa que debe haber pruebas claras de que las tareas realizadas tienen un impacto negativo en la salud física o mental de los trabajadores.
Otro requisito es que hay que acreditar un periodo mínimo de cotización en la actividad, que será de 15 años de forma general. De esta forma, se busca acreditar que ese trabajo ha afectado a la persona trabajadora a lo largo de un periodo de tiempo.
Otro punto clave es probar que no se pueden mejorar las condiciones del puesto de trabajo, en otras palabras, que no se puede recolocar al trabajador en un puesto de menor intensidad, bien física o mental. Por ello, si no es posible hacer cambios que reduzcan los riesgos asociados al empleo, se considerará que cumple este criterio.
Una vez que se presenten las solicitudes, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social tendrá un plazo de hasta seis meses para evaluarlas y tomar una decisión. Según lo previsto, los primeros trabajadores podrían empezar a jubilarse bajo esta modalidad hacia agosto o septiembre de 2025, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
La importancia de jubilarse sin penalización
La jubilación anticipada sin penalización para nuevos colectivos tendrá efectos importantes tanto para los trabajadores como para el sistema público de pensiones y la Seguridad Social. Para los trabajadores, supone la posibilidad de retirarse antes de la edad ordinaria de jubilación que les correspondería según los años cotizados, sin que su pensión se vea reducida. Esto beneficiará especialmente a aquellos que han sufrido un desgaste físico o psicológico significativo debido a las condiciones de su trabajo.
Para la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y el sistema público de pensiones, esta medida representará un mayor gasto. Por un lado, al jubilarse antes, la administración deberá abonar las prestaciones durante un período más largo. Por otro lado, se incrementará el número total de pensionistas, una situación que se verá agravada por las nuevas jubilaciones derivadas del envejecimiento de la generación del "baby boom".
A esto se añade que la esperanza de vida continúa aumentando, lo que implica que las pensiones tendrán que mantenerse durante más tiempo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 1975 la esperanza de vida media era de 73,44 años, mientras que en 2023 ha ascendido a 83,08 años, es decir, vivimos casi 10 años más. Este aumento supone un desafío adicional para la sostenibilidad del sistema.
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