
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que la normativa que regulará los coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas en profesiones consideradas penosas, tóxicas o peligrosas entrará en vigor en febrero de 2025. Este anuncio se realizó el pasado martes durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde Saiz destacó que los equipos técnicos y jurídicos del Ministerio están analizando las aportaciones recibidas tras la fase de audiencia pública.
El pasado 22 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó la tramitación urgente del proyecto de Real Decreto que establecerá el marco jurídico para aplicar estos coeficientes reductores. Tras pasar por la audiencia pública, el texto será remitido al Consejo de Estado, que tendrá un plazo de 15 días para emitir su dictamen. Según las previsiones de la ministra, la normativa estará lista para entrar en vigor en febrero del próximo año.
Esta regulación busca proporcionar un marco claro y objetivo que permita a los trabajadores en actividades de riesgo o con condiciones laborales exigentes acceder a la jubilación anticipada sin penalización económica. Según Saiz, se trata de un avance en protección social que ampliará derechos para colectivos que aún no tienen reconocido este beneficio, siempre bajo criterios técnicos que valoren la exigencia física o psíquica de cada profesión.
Reducir la edad de jubilación sin penalización
La normativa establecerá circunstancias objetivas para la aplicación de los coeficientes reductores, con el objetivo de garantizar un sistema transparente y fundamentado en criterios técnicos. Entre los factores que se evaluarán se encuentran la tasa de incidencia de bajas médicas, así como la duración y persistencia de las incapacidades temporales. También se tendrá en cuenta el número de declaraciones de incapacidad permanente y el índice de mortalidad asociado a las actividades evaluadas.
Con estas métricas, el Gobierno pretende desarrollar un procedimiento que permita reconocer de manera justa las condiciones laborales especialmente penosas o peligrosas, otorgando acceso a la jubilación anticipada sin penalizaciones sobre la cuantía de la pensión.
Esta medida, permitirá que las profesiones que aún no tienen acceso a la jubilación anticipada puedan hacerlo sin que por ello vea afectada su cuantía, medida que beneficiará a los colectivos más vulnerables en el mercado laboral. Según palabras de las ministra, “estamos ampliando derechos y avanzando hacia una mayor protección social, priorizando la atención a colectivos en situaciones de alta exigencia laboral o desgaste”.
Penalizaciones en las jubilaciones anticipadas
Actualmente, la Seguridad Social permite que los trabajadores puedan jubilarse anticipadamente, es decir, antes de cumplir la edad ordinaria de jubilación legal a cambio de sufrir reducciones sobre la cuantía de su pensión. Estos coeficientes o “penalizaciones” depende de los meses que se adelante la edad ordinaria, el total de años cotizados y de si la jubilación anticipada es voluntaria o involuntaria. Estos coeficientes puede ir desde 0,50% y hasta un 30%.
En este sentido, el gobierno no busca despenalizar estas modalidades, en cambio, lo que se pretende es la despenalización y reducir la edad de retiro en aquellas profesiones consideradas como excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y por ello, Elma Saiz consiguió sacar adelante el acuerdo para reformar las pensiones de jubilación en España, que con esta será la tercera reforma.
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