David tuvo que iniciar una lucha contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en el momento que le cambió por completo la vida. En 2022, sufrió un accidente de moto que le provocó una lesión medular completa (paraplejia) pero, a pesar de ello, la Seguridad Social solo le reconoció la incapacidad permanente total, argumentando que aun podía desempeñar alguna profesión mediante teletrabajo.
Un argumento que, ahora, ha rechazado el Tribunal Superior de justicia de Castilla La Mancha, quien sí le ha reconocido el grado absoluta, aclarando que la modalidad de trabajo a distancia es estrictamente voluntaria según la ley y, por tanto, no puede utilizarse como excusa para denegar una pensión a quien carece por completo de la aptitud psicofísica necesaria para desarrollar cualquier actividad laboral.
Anteriormente, solo podía cobrar el 55% de su base reguladora: “No entiendo nada. Tengo una lesión de pecho para abajo, que tengo brazos de milagro, y me estoy encontrando con que me están dando la mínima”, contaba el propio David, el año pasado, a ‘NoticiasTrabajo’, cuando denunciaba que su pensión de apenas 1.000 euros no le llegaba ni para pagar el alquiler ni la fisioterapia que necesita realizar.
“Me tienen en la ruina después de haber trabajado toda la vida”, manifestaba, en un drama que es el de tantas otras muchas personas. Ahora, tras reconocer el TSJ la incapacidad permanente absoluta, podrá cobrar el 100% de su base reguladora, lo que le permitirá mejorar su calidad de vida.
Segunda batalla en los tribunales
En un principio, el Juzgado de lo Social número 2 de Toledo desestimó la demanda de David, en abril de 2025. No conforme, recurrió esta sentencia, solicitando el grado de gran invalidez o, de forma subsidiaria, la incapacidad permanente absoluta, que es finalmente la que le han concedido.
El tribunal explicó que, para acceder a la gran invalidez, se requiere que el afectado necesite asistencia “ineludible” para los actos esenciales de la vida, como vestirse, comer o el aseo básico.
En este caso, el tribunal ha entendido probado que vive solo, puede realizar transferencias por sí mismo, controla sus esfínteres mediante autosondajes y conserva autonomía para el aseo básico. La ayuda externa que recibe se limita a actividades “instrumentales” (limpieza, lavar, cocinar), lo cual no cumple con los requisitos legales para la gran invalidez, a pesar de tener reconocido un grado I de dependencia, tal y como se recoge en la sentencia a la que ha tenido acceso este medio.
Ahora, el tribunal sí ha accedido a reconocerle la incapacidad permanente absoluta. Como se adelantaba antes, el juez de primera instancia le había denegado este grado argumentando que conservaba una “aptitud residual” para realizar tareas en la modalidad de teletrabajo.
Un argumento que rechaza el TSJ, estableciendo que, según la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, el teletrabajo es voluntario tanto para el empleado como para el empleador y no se puede imponer como una obligación para denegar una pensión.
Atendiendo a sus limitaciones (paraplejia, dependencia de silla de ruedas y control de esfínteres), el tribunal ha concluido que carece de la aptitud psicofísica necesaria para desarrollar cualquier actividad laboral con un mínimo de rendimiento, continuidad y eficacia.
En consecuencia, el TSJ de Castilla La Mancha ha estimado parcialmente su recurso, declarándolo en situación de incapacidad permanente absoluta y condenando al INSS y a la TGSS a abonarle la pensión correspondiente (el 100% de su base reguladora, en vez del 55%), con efectos desde el 24 de agosto de 2023.
El siguiente paso: la gran invalidez
David ha asegurado a ‘NoticiasTrabajo’ que este solo es el primer paso y que seguirá luchando para conseguir la gran invalidez en nuevas valoraciones del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), explicando que “la autonomía es más limitada de lo que te hacen creer”.
Asimismo, manifiesta que resulta muy contradictorio “tanta integración” cuando, “a la mínima que tienes el valor de luchar, te penalizan para quitarte lo que puedan y hundirte económicamente y moralmente”, afirmando que está siendo la experiencia de los tribunales de justicia superiores, especialmente, quien están haciendo justicia en casos como el suyo.
