El Ingreso Mínimo Vital, de salvavidas a yugo para las familias vulnerables

La Seguridad Social ha reclamado deudas del Ingreso Mínimo Vital, el IMV, por valor de 500 millones de euros desde la puesta en marcha de esta ayuda estatal para familias en pobreza, en 2020, hasta el pasado julio. El Defensor del Pueblo advierte de que las devoluciones afectan “de manera desproporcionada a varios colectivos vulnerables”, por lo que pide varios cambios. 

Esta ayuda está regulada por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. En ella, en el artículo 38, se establecen las infracciones leves, graves o muy graves que pueden afectar al IMV, incluso a perderlo por completo. 

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Pero, en el caso de que el fallo y la concesión del ingreso haya sido por parte de la Seguridad Social, hay un desconocimiento e indefensión por parte de los afectados, que no saben qué hacer en esos casos. 

Sí se tiene una normativa, publicada en 2022, relacionada. Se trata del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.  

Este daba una condonación de la devolución del Ingreso Mínimo Vital para aquellas familias que tuvieran un hijo menor de edad. Pero la cuantía a devolver ha de ser inferior a 314 euros. El motivo que la Seguridad Social está alegando en muchos casos es el cruce de datos con Hacienda, lo que hace que, al recalcular el importe de la prestación que corresponde a la persona, haya variaciones en la cuantía que recibe, o directamente, no le correspondiera la ayuda. 

El caso de Juan, que debía devolver 12.000 euros como “cobros indebidos” a la Seguridad Social 

Los reintegros no son el único dolor de cabeza que sufren los españoles que reciben el IMV. Estimación errada de ingresos percibidos, imprecisiones en el padrón municipal y burocracia interminable para los migrantes son los obstáculos más frecuentes.  

Un caso es el de Juan, que tiene 34 años, un trabajo de seis horas y dos hijos que alimentar de 2 y 4 años. Hace un tiempo le llegó una notificación inesperada: debía devolver 12.000 euros por "cobros indebidos".  

El hombre asegura que notificó cada cambio realizado, cuando por ejemplo desempeñó algún trabajo de varios días de duración, y al no exceder la cuantía, en todo momento le comunicaron que era compatible con la ayuda, por lo que a día de hoy sigue sin entender por qué le reclaman esa deuda. 

La Seguridad Social ha aplicado criterios erróneos 

Como el de Juan, desde la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital en junio de 2020, miles de personas han denunciado que la Seguridad Social ha aplicado criterios erróneos o directamente absurdos a la hora de calcular sus prestaciones mensuales. Algunos de los ejemplos más comunes de errores incluyen la consideración de ingresos pasados ya inexistentes. 

Un derecho que se ideó para evitar que estas personas caigan en la exclusión social, pero que no ha llegado ni siquiera a la mitad de estas familias. El pasado julio lo cobraron apenas 400.000 familias. Algo que va en contra del objetivo de la Unión Europea de reducir la pobreza para el año 2030.   

Por eso, colectivos como el de Cuarto Mundo, entre otros, han presentado una reclamación ante la Comisión y el Comité Europeo de Derechos Sociales y han conseguido que el Defensor del Pueblo inste al Gobierno a reformar la Ley para que estas personas no añadan a la pobreza, la deuda.