El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que desde el Gobierno se ha decidido autorizar a OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell siempre y cuando se cumplan determinados requisitos como la protección de la plantilla y que ambas entidades mantengan sus identidades propias durante 3 años.
Esta decisión ya ha sido comunicada tanto a la CNMV como a las dos entidades implicadas y suponen una decisión que, en principio, sorprende por inesperada. Ya esta mañana el Gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, apuntaba que había pasado un año, lo que supone “demasiado tiempo para que dos bancos pierdan el foco”. Ahora bien, desde el Gobierno se van a endurecer las condiciones que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia había establecido para la OPA.
Una de las condiciones impuestas es que ambas entidades durante los róximos 3 años mantengan su personalidad jurídica y patrimonial por separado, y sean autónomas en la gestión de la actividad.
El Gobierno se posiciona, al fin, respecto a esta OPA ya que llevaba aproximadamente un mes deliberando sobre esta medida. En concreto, cuando el Ministerio de Economía llevó este asunto al Consejo de Ministros.
El departamento que dirige Cuerpo, se había dado cuenta de un potencial impacto en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, protección del empleo, cohesión territorial, promoción de la investigación y desarrollo tecnológico de los objetivos de política social.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por otro lado, había aprobado la OPA con condiciones y sin la oposición del BCE (Banco Central Europeo).
No podrán realizar EREs relacionados con este proceso
Ni BBVA ni Banco Sabadell podrán llevar a cabo ningún Expediente de Regulación de Empleo (ERE) derivado de la OPA. Ambas entidades deberán seguir siendo independientes, por lo que esta maniobra que afectaría a las plantillas, no se realizará. La decisión del Gobierno está fundamentada en cinco criterios que Cuerpo ha definido como “de interés general” que son: garantizar que se cumplen los objetivos de la regulación sectorial, protección a las plantillas, cohesión territorial, política social y promoción del I+D (investigación y desarrollo).
Esta autonomía tendrá que ser concretada en el mantenimiento de una gestión y toma de decisiones autónomas en cuanto a la financiación y crédito especialmente en lo que tiene que ver con las pymes, los recursos humanos y la red de oficinas y servicios.
Cómo va a controlar el Gobierno el cumplimiento de las condiciones
Para poder evaluar la eficacia de estas condiciones que ha dado a conocer el Consejo de Ministros ambas entidades tendrán que enviar a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa un informe de la situación de cada una en la que se desarrollará el modelo de gestión autónoma que se ha llevado a cabo así como la contribución al mantenimiento de los criterios de interés general.
Tendrán que publicar en su web un plan estructural a largo plazo en el que se explique en qué medida la estrategia corporativa afectará en al menos 5 años a los criterios de interés general mencionados.
