
La Comunidad de Madrid tiene novedades para los herederos, y es que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado nuevas bonificaciones fiscales en el impuesto de sucesiones y donaciones. Concretamente, se aumentará del 25% al 50% la bonificación de dicho impuesto en el caso de hermanos, tíos y sobrinos.
El impuesto de sucesiones y donaciones es un tributo transferido a las comunidades autónomas, de modo que estas pueden aplicar ciertas deducciones al mismo. En muchos casos, los familiares directos están exentos de pagar dicho impuesto o lo hacen en una proporción muy pequeña y de carácter simbólico.
Una de ellas es la Comunidad de Madrid, donde actualmente los familiares directos tienen una bonificación del 99%. En el caso de los hermanos, tíos y sobrinos por consanguinidad se aplica un 25%, y es este porcentaje que Ayuso va a ampliar.
La ampliación de la bonificación de este impuesto ahorrará a los madrileños 140 millones de euros al año
En anuncio lo ha hecho la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, en una conferencia en el Forbes House, en la que Díaz Ayuso ha informado de que el próximo miércoles, 19 de febrero el Consejo de Gobierno comenzará con los trámites de esta bajada de impuestos para los madrileños.
Además de la ampliación al 50% de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones para los hermanos, tíos y sobrinos, también se bonificarán con un 99% las donaciones y con un 100% las que sean inferiores a 1.000 euros, según han recogido desde Europa Press.
Con esta medida, la Comunidad de Madrid pretende que las familias madrileñas "no estén asfixiadas cuando den herencia a lo que es suyo y sin tener que arruinarse como ocurre en tantos sitios en España, es decir, castigar el ahorro y la propiedad".
Según Díaz Ayuso, se trata de “un impuesto injusto y anacrónico, ya lo han eliminado casi todos los países de la Unión Europea hace muchísimo y además es un compromiso de nuestro programa electoral en 2023, por cierto, respaldado ampliamente por los madrileños en las urnas”.
Pide respeto a las decisiones fiscales de la comunidad y asegura que “no es a costa del resto de España”, y que no se trata de "ningún dumping fiscal”, solo es el reflejo de que emplean “su autonomía y capacidad normativa, que está recogida en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía”.
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