El Ministerio de Trabajo ha dado un paso adelante con los sindicatos para sacar adelante la reforma del subsidio por desempleo, estancada tras el rechazo del Real Decreto Ley 7/2023 por parte de la oposición y Podemos. Por ello, el Gobierno busca aprobarla ahora mediante un proyecto de ley, pero negociando primero con los agentes sociales y, después, con los grupos parlamentarios.
El principal avance que se ha labrado en la reunión mantenida este viernes con los sindicatos es ampliar la cobertura de estas ayudas para los trabajadores a tiempo parcial. El cómo es sencillo: los trabajadores con un contrato a tiempo parcial podrán cobrar el subsidio completo, y no solo una parte como ocurre ahora. Así pues, aunque encontraran un empleo, seguirían cobrando la prestación integra, sin ninguna reducción.
“Es una medida que veníamos reclamando de manera insistente, que tiene un impacto de género evidente porque afecta fundamentalmente a mujeres y que suponía además una diferenciación injustificada por razón de edad en relación con los mayores de 52 años que sí tienen esa percepción”, explicaba al respecto Carlos Bravo, de Comisiones Obreras (CCOO9, encargado de las negociaciones junto a Fernando Luján, de UGT.
Sin embargo, ambos sindicatos han coincidido en criticar el hecho de que Trabajo no se haya presentado con una nueva propuesta por escrito, aunque haya habido avances. Sobre estos, alegan que son “insuficientes todavía”, recordando que hay puntos de la reforma que todavía tienen que abordar y que, hoy, no han tenido una respuesta positiva.
Puntos pendientes en la reforma del subsidio
El Secretario de Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, ha detallado que “están en vías de resolución de otro problema que veníamos apreciando”, tratándose de la compatibilidad de las prestaciones por desempleo con los trabajos a tiempo parcial de fijos discontinuos, que afecta a determinados colectivos como es el de los comedores sociales.
Otro elemento importante es el tratamiento de los colectivos que quieren enviar al Ingreso Mínimo Vital (IMV), un total de 5 (sobre 120.000 personas), ya que desde el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, “siguen manteniendo la idea de que eso sea así”.
Sin embargo, en palabras de Bravo, al menos “han aceptado que hay que regular quién va al IMV y quién no y en qué términos se integran a esta nueva prestación, de manera que no se pueda posponer en los próximos 6 meses”. Si bien, añade, no tienen “una redacción y concreción al respecto”.
También han reivindicado la ampliación de cobertura para los desempleados menores de 45 años y la regulación de las políticas activas de empleo. Puntos que, previsiblemente, esperarán resolver en los próximos días.
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